Economía

El próximo año, las pensiones mínimas y no contributivas aumentarán significativamente, con incrementos que oscilan entre el 7% y 11,5%, según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Este ajuste se deriva de la revalorización de las pensiones contributivas establecida para 2026, calculada en un 2,7% para las de la Seguridad Social y las Clases Pasivas. La base del cálculo es la fórmula de revalorización estipulada en la Ley de reforma de las pensiones, la cual emplea el IPC interanual como referencia. A partir de los datos del Ivie, el incremento de las pensiones varía: las pensiones máximas aumentarán un 2,815%, alcanzando los 3.359,60 euros mensuales. Para las pensiones mínimas con cargas familiares, el aumento será del 11,43%, mientras que para aquellas sin cargas familiares será del 7,07%. Las pensiones no contributivas experimentarán un incremento del 11,34%. En conjunto, se anticipa una revalorización media efectiva del sistema del 3,44%, en términos monetarios, esto representa 7.311 millones de euros. En busca de mejorar la equidad en las pensiones, la reforma impulsada por el gobierno bajo la dirección de José Luis Escrivá plantea elevar las pensiones no contributivas para alinearse con el umbral de pobreza. Este año, las pensiones mínimas aumentaron un 6% y las no contributivas un 9%. Su revalorización, basada en el IPC, adiciona un incremento para reducir en un 20% la brecha respecto al umbral de riesgo de pobreza. Además, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) verá incrementos similares para mantenerse equiparado a las pensiones no contributivas. El objetivo es que la pensión mínima de jubilación contributiva con cónyuge a cargo alcance al menos en 2027 los 16.500 euros anuales. En 2026, el gasto total en pensiones públicas podría aproximarse a 229.491 millones de euros, lo cual implica un incremento del 5,81% con respecto a 2025. De este aumento, la…
El reciente acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros supone un importante refuerzo económico para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico al autorizar una transferencia de crédito de 44 millones de euros. Esta inyección financiera está destinada a incrementar las aportaciones al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con el fin de ampliar el programa de incentivos asociados a la movilidad eléctrica, conocido como Moves III. La transferencia solicitada por la Secretaría de Estado de Energía tiene como objetivo fortalecer el Moves III, un programa que se enmarca dentro del Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril. Este marco legal establece el Moves III como una herramienta clave para avanzar en la electrificación del transporte, sincronizándose así con las metas del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. El Real Decreto-ley mencionado fija la vigencia del Moves III desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 y autoriza una dotación inicial de 400 millones de euros mediante un crédito extraordinario para financiar el programa a través del IDAE. La documentación que respalda esta operación financiera indica que, debido a la experiencia previa con convocatorias similares y la retroactividad de las solicitudes desde principios de 2025, la demanda ha superado ampliamente las expectativas iniciales. Esta situación subraya la necesidad de incrementar la dotación presupuestaria para asegurar la plena ejecución y efectividad del Moves III durante todo el período previsto.
La compraventa de viviendas en España experimentó un notable incremento durante los primeros nueve meses del año. Según la estadística sobre transacciones inmobiliarias del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, consultada por Europa Press, se registraron 551.257 transacciones hasta septiembre, lo que representa un aumento del 6,75% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron las 516.378 operaciones. En el tercer trimestre del año, se llevaron a cabo 170.656 operaciones, un 2,7% más que en el mismo periodo de 2022. Este número de transacciones es el mejor dato para un tercer trimestre desde 2007, cuando se registraron 186.504 operaciones. Por comunidades autónomas, destacan las caídas registradas hasta septiembre en Canarias, con un descenso del 1,84%, y en la Comunidad de Madrid, con un retroceso del 2,23%. En contraste, el resto de las autonomías presentaron avances, con incrementos destacados en Castilla y León (+15,94%), Aragón (+13,97%) y País Vasco (+13,41%). Andalucía lideró el número de operaciones en los primeros nueve meses, con 107.631 transacciones Le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana, con 85.721 y 85.121 operaciones, respectivamente. Por tipología, la compraventa de vivienda nueva alcanzó las 47.035 unidades hasta septiembre, un aumento del 8,17% respecto al mismo periodo del año anterior. A su vez, se registraron 504.222 transacciones de vivienda de segunda mano, lo que implica un crecimiento del 6,62%. En cuanto a la vivienda protegida, se contabilizaron 15.083 compraventas en los primeros nueve meses de 2023, un 5,7% más en comparación con 2022. De estas, 3.531 correspondieron a vivienda protegida nueva, lo que supuso un notable incremento del 38,5%, mientras que las transacciones de viviendas protegidas de segunda mano decrecieron un 1,45%, con un total de 11.552 operaciones.
La reciente advertencia de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha desatado una ola de tensión con la Unión Europea. En una comunicación pública, Estados Unidos manifestó su intención de utilizar «todas las herramientas a su alcance» para contrarrestar lo que considera un trato discriminatorio hacia sus empresas de servicios. El aviso, difundido a través de un ‘post’ en la plataforma X, expresa la posibilidad de implementar «cuotas» o «restricciones» a la provisión de servicios por parte de compañías extranjeras como respuesta a las supuestas medidas discriminatorias. En el mensaje, se aludió específicamente a compañías de renombre como Accenture, Amadeus, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens y Spotify. Según la Oficina del Representante Comercial, liderada por Jamieson Greer, las empresas estadounidenses sufren demandas, impuestos, multas y directivas que perjudican sus intereses en territorio europeo. Washington sostiene que sus homólogas europeas operan «libremente» en Estados Unidos En este contexto de tensionadas relaciones, desde la administración de Donald Trump se ha subrayado que ya se han transmitido anteriormente estas inquietudes a la UE y a sus respectivos gobiernos, sin que se haya registrado una respuesta significativa o un reconocimiento mínimo de las mismas.
El Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos experimentó una desaceleración en diciembre, cayendo a 53 puntos desde los 54,2 registrados en noviembre, según los datos provisionales proporcionados por S&P Global. Esta tendencia marca una mínima actividad económica no vista desde junio y supone el menor aumento de nuevos pedidos en los últimos 20 meses. La demanda de servicios mostró un crecimiento apenas «modesto», mientras que la demanda de productos industriales cayó por primera vez en un año. Este panorama debilitó la confianza empresarial a un año vista, lo cual también ralentizó la creación de empleo, que se mantuvo en niveles calificados como «mínimos». En un contexto de presiones inflacionistas intensificadas «notablemente», el aumento de los precios de venta se aceleró, alcanzando uno de los incrementos más rápidos desde mediados de 2022. Las empresas trasladaron este encarecimiento a los consumidores con la mayor intensidad en algo más de tres años, citando los aranceles como la principal causa. Los signos de debilidad también son generalizados, con un estancamiento casi total de los nuevos encargos en el gran sector servicios que vino acompañado de la primera caída de los pedidos industriales en un año Chris Williamson, economista jefe del área de empresas de S&P Global Market Intelligence, señaló que las empresas han perdido parte de su confianza en las perspectivas, restringiendo la contratación en diciembre frente a un entorno empresarial más complicado. El análisis de Williamson sugiere que los datos de diciembre son compatibles con una mejora anualizada del PIB trimestral del 2,5%. En lo que respecta al PMI del sector servicios, este se moderó a 52,9 puntos desde los 54,1 de noviembre. Asimismo, el sector industrial también mostró una disminución, bajando de 52,2 a 51,8 enteros. Las empresas también han perdido cierta confianza en…
Los gestores de fondos europeos exhiben un renovado optimismo ante la evolución de los mercados del continente, a medida que se acerca 2026. Según la reciente encuesta de Bank of America, el 81% de los gestores anticipa ganancias a corto plazo en la renta variable europea, y el 92% vislumbra un potencial de crecimiento en los próximos doce meses, cifras que han alcanzado máximos históricos. Un gran número de inversores augura que el aumento en los beneficios impulsará nuevas ganancias para las acciones europeas. Incluso después de las sólidas subidas observadas en 2025, una tercera parte de los encuestados considera que la renta variable europea permanece infravalorada, un dato que se aproxima a su máximo en cinco años. Se reducen las preocupaciones entre los inversores Los niveles de liquidez entre los gestores europeos han disminuido al 2,8%, el punto más bajo en doce años. Al mismo tiempo, la preocupación de perder un repunte por reducir la exposición a la renta variable ha disminuido del 38% al 27%. A nivel macroeconómico, el 18% de los gestores espera una economía global más fuerte en el próximo año, un aumento considerable desde el 3% del mes anterior. El 59% de los profesionales expresa que la combinación de políticas estadounidenses tendrá un impacto positivo en el crecimiento global Esta visión positiva se ha duplicado comparada con el mes previo. En Europa, se espera un crecimiento más sólido, respaldado por las expectativas de estímulo fiscal en Alemania. Los inversores también están cada vez más optimistas respecto a China, con un 22% esperando una aceleración del crecimiento, en comparación con el 12% del mes anterior. El consenso sobre un aterrizaje suave sigue siendo mayoritario, aunque el escenario de «no aterrizaje» ha ganado adeptos, siendo escogido por el 37%, el porcentaje más alto desde principios de año.…
La cotización de Indra ha sufrido un desplome del 5,4% este martes, tras los comentarios del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la proximidad de un acuerdo de paz en Ucrania. Como consecuencia, la capitalización bursátil de Indra ha disminuido en 466 millones de euros. Este fenómeno ha causado igualmente un descenso en el valor de las acciones de otras compañías de defensa europeas, como la alemana Rheinmetall (-4,54%), la italiana Leonardo (-3,9%), la británica Bae Systems (-2,16%) y la francesa Thales (-1,6%). Trump declaró recientemente que se está «más cerca que nunca» de una solución al conflicto en Ucrania tras dialogar con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos que se congregaron en Berlín en busca de un acuerdo. Estas declaraciones han tenido un reflejo inmediato en el mercado, influyendo significativamente en las acciones de Indra. Al cierre de la jornada, las acciones de Indra se situaron a 46,26 euros por título, implicando una capitalización de 8.172 millones de euros, frente a los 8.638 millones del día anterior. Los analistas de XTB comentaron que, más allá de los detalles, un fin de la guerra podría causar que las inversiones prometidas por los países europeos en el sector defensa finalmente no se materialicen . A pesar de este revés, cabe destacar que la revalorización anual de Indra se aproxima a un notable 171%, impulsada por las altas expectativas en el sector. No obstante, los expertos de XTB advierten que «todavía no está claro» si esas expectativas se cumplirán a largo plazo. Compra estratégica y planes de modernización militar En otro orden de ideas, este martes, el Gobierno ha autorizado la compra del 89,68% de Hispasat por parte de Indra, una operación valorada en 725 millones de euros. La transacción, que también incluye el control de Hisdesat, había recibido…
El Ibex 35 experimentó un descenso del 0,3% al mediodía de este martes, situándose en 16.992,4 puntos. Este retroceso sucede tras haber superado la barrera histórica de los 17.000 puntos, acumulando una revalorización del 46,5% durante el año. La jornada está marcada por las referencias macroeconómicas, con especial atención a Estados Unidos donde se esperan los datos de empleo atrasados debido al cierre administrativo. El mercado se mantiene expectante ante la próxima reunión del Banco Central Europeo programada para este jueves. Durante esta sesión, se publicarán importantes indicadores económicos como la encuesta Zew de confianza inversora en Alemania, la balanza comercial de la eurozona para octubre y el indicador adelantado PMI compuesto de diciembre para la eurozona y el Reino Unido. A pesar del menor crecimiento de la actividad del sector privado en la zona euro durante diciembre, este año representa un hito ya que las empresas de la eurozona han logrado un año completo de expansión desde la pandemia de Covid según el índice PMI compuesto preliminar. Los expertos de Banca March anticipan un reporte laboral débil para octubre en Estados Unidos, que podría verse moderado en noviembre. Se pronostica que la tasa de desempleo podría incrementarse una décima, alcanzando el 4,5%, lo que coincide con las proyecciones de la Reserva Federal para el cierre del año. Tal incremento situaría la tasa de paro en su nivel más alto desde octubre de 2021. Este sería el nivel más alto desde octubre de 2021 y tres décimas por encima del desempleo estructural estimado por el comité, situado en el 4,2% Se espera que las conclusiones más completas puedan derivarse de encuestas de empleo futuras, tomando una perspectiva más clara hacia enero y después de revisiones anuales en febrero. En el plano internacional, la geopolítica también hace eco con el anuncio…
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha presentado el informe anual ‘Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2025’, donde se destaca un crecimiento económico proyectado del 2,4% para América Latina en 2025, seguido de un 2,3% en 2026. De confirmarse estas cifras, la región completaría cuatro años consecutivos de crecimiento modesto, con un promedio anual de apenas 2,3%. El informe de la Cepal señala que, aunque el consumo ha sido el principal motor económico en los últimos años, «perderá fuerza en 2026» debido a la menor demanda externa y un crecimiento más reducido del empleo. Se observan diferencias significativas entre las distintas zonas de la región. América del Sur verá un crecimiento del 2,9% en 2025, impulsado por la recuperación de Argentina, Bolivia y Ecuador, pero sufrirá una desaceleración al 2,4% en 2026, debido al menor crecimiento en la mayoría de sus economías. Por otro lado, Centroamérica registrará una expansión del 2,6% en 2025, pese al debilitamiento de la demanda estadounidense, con una mejora estimada hasta el 3% en 2026. El Caribe es una de las pocas subregiones que mantiene una perspectiva positiva, con un crecimiento previsto de 5,5% para 2025 y un notable 8,2% en 2026. Este optimismo se debe al aumento en la actividad petrolera en Guyana, la recuperación del turismo y un mejor desempeño de la construcción. No obstante, la elevada exposición a desastres naturales condiciona su capacidad de crecimiento. La Cepal subraya que el crecimiento de la región está vinculado a las dinámicas de sus principales socios comerciales. En este contexto, las políticas monetarias y comerciales de Estados Unidos representan riesgos significativos. La posibilidad de una flexibilización monetaria y la reducción de la inflación regional determinarán en buena medida la evolución del consumo y la inversión en…
La Comisión Europea ha presentado un ambicioso plan de vivienda asequible para hacer frente a la crisis habitacional en Europa, enfocándose en aumentar la financiación, reducir la burocracia y acelerar la construcción de viviendas. Este plan, sin embargo, no incluye límites a los precios del alquiler ni la creación de un fondo común europeo, demandas de países como España. Aunque el Ejecutivo comunitario no planea intervenir directamente en las zonas tensionadas, sí ofrece a los gobiernos herramientas para actuar en las áreas con mayor presión, especialmente en alquileres de corta duración. La expansión de los alquileres de corta duración ha reducido la disponibilidad de viviendas para residentes locales en varias ciudades, especialmente en zonas urbanas y turísticas. Sin plantear límites europeos, la Comisión se remite al reglamento aprobado en 2024 que entrará en vigor en 2026, buscando reforzar la transparencia y el intercambio de datos entre plataformas y administraciones. Además, se anuncia una futura iniciativa legislativa para ofrecer un marco jurídico claro que facilite la adopción de medidas proporcionales en áreas de alta presión habitacional por parte de autoridades locales. Construcción de 650.000 viviendas adicionales al año Otro pilar del plan de la UE es incrementar la oferta de vivienda. Bruselas estima que es necesario construir 650.000 viviendas adicionales al año durante la próxima década, sumado a las 1,6 millones ya construidas anualmente. Para lograrlo, apuesta por reducir la burocracia, acelerar los procesos de planificación y concesión de licencias, y fomentar normas técnicas más armonizadas para disminuir costes y plazos de construcción. También se impulsa una estrategia europea para la construcción que prioriza la productividad del sector y promueve la vivienda modular y prefabricada, crucial para acortar tiempos y costes. La Comisión Europea reconoce que la crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales…