El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha dado un paso decisivo en la regulación del mercado de reventa de entradas al incluir en el anteproyecto de la nueva Ley de Consumo Sostenible una medida que prohíbe explícitamente el aumento del precio de las entradas revendidas más allá de la variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) desde su adquisición original. Esta iniciativa responde a una preocupación creciente en torno a las prácticas abusivas de reventa, que durante años han afectado el acceso equitativo del público a eventos culturales y deportivos en España.
Actualmente, ya está prohibido el uso de bots para la compra masiva de entradas con fines de reventa, según lo establecido en la Ley de Competencia Desleal. Dicha normativa, que incorpora una directiva europea, impide que los comerciantes utilicen programas informáticos que superen las barreras técnicas impuestas por los vendedores originales, dificultando así el acceso justo del consumidor promedio a estos eventos. Sin embargo, a pesar de esta prohibición, el Ministerio reconoce que el uso de bots sigue siendo una práctica difícil de erradicar debido a los altos incentivos económicos que conlleva la reventa.
Con la modificación incluida en el anteproyecto, se busca ir más allá de la simple prohibición de herramientas tecnológicas ilegales y abordar el verdadero motor del problema: la rentabilidad económica de la reventa. Al limitar el precio de reventa a la variación del IPC desde la compra inicial, se pretende desincentivar la compra especulativa masiva. Esta medida modifica el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y representa un enfoque más estructural que ataca directamente el beneficio que motiva estas prácticas.
Además, el Ministerio prevé sancionar a quienes incumplan esta norma. Se podrá solicitar el bloqueo de las plataformas digitales que ofrezcan entradas por encima del precio permitido y sancionar a los infractores, una estrategia similar a la ya utilizada en la regulación de los pisos turísticos ilegales. Esta propuesta sigue ejemplos ya aplicados en países como Bélgica y Francia. En el caso belga, la ley de 30 de julio de 2013 prohíbe tanto la reventa habitual como la ocasional de entradas por encima del precio original sin autorización del organizador. Francia, por su parte, incorporó en su Código Penal una disposición que penaliza la reventa no autorizada de entradas para eventos culturales o deportivos.
El impacto económico de esta medida no es menor. Según estimaciones de la consultora Verified Market Research, el mercado europeo de reventa de entradas podría alcanzar los 7.769 millones de euros en 2030, partiendo de 1.817 millones en 2024. España representa entre el 10% y el 15% de ese mercado, lo que supondría un aumento desde los 322 millones actuales hasta más de 930 millones en los próximos cinco años. Al limitar el beneficio de la reventa, se calcula que una parte importante de ese dinero podría permanecer en manos de las familias y ser destinado al consumo directo en cultura y ocio, en lugar de engrosar una economía paralela que no aporta valor añadido.
Desde el punto de vista del consumidor, esta medida podría significar un avance notable en la democratización del acceso a eventos culturales y deportivos, al reducir las barreras económicas artificiales impuestas por revendedores. Asimismo, también se envía un mensaje claro de protección del interés general frente a la especulación, reforzando el papel del Estado como garante del acceso justo y equitativo a la cultura.
La locura de los precios de entradas de conciertos, ¿un abuso para los consumidores?
