El Gobierno de España planea asumir una parte significativa de la deuda regional de las comunidades autónomas, conforme a la propuesta que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en breve. La medida, promovida por el Ministerio de Hacienda, contempla condonar hasta 83.252 millones de euros en total. Andalucía y Cataluña serán las más beneficiadas, recibiendo una condonación de 18.791 millones de euros y 17.104 millones de euros respectivamente, representando más del 43% del total condonado entre ambas.
La distribución del alivio de deuda entre las comunidades autónomas
Tras Andalucía y Cataluña, la Comunidad Valenciana también verá un alivio en su deuda, con 11.210 millones de euros. Le siguen la Comunidad de Madrid (8.644 millones), Castilla-La Mancha (4.927 millones), Galicia (4.010 millones), Castilla y León (3.643 millones), Murcia (3.318 millones) y Canarias (3.259 millones), entre otras.
El Gobierno decidió proceder con esta condonación después de un acuerdo previo entre el PSOE y ERC para aliviar parte de la deuda de Cataluña
Este pacto permite aplicar la misma medida a cualquier comunidad que lo solicite. Cabe señalar que Euskadi y Navarra no se incluyen en esta distribución debido a que operan bajo un sistema de régimen foral. Sin embargo, estas comunidades ya han expresado su interés en recibir una compensación similar.
Un proceso en fases y su impacto en el escenario político
La metodología definida por Hacienda para calcular las condonaciones se lleva a cabo en tres fases. La primera fase determina el endeudamiento diferencial entre los cierres de 2009 y 2013 comparándolo con el periodo entre 2019 y 2023. El resultado es una condonación media del 19% de la deuda autonómica vigente al cierre de 2023.
La segunda fase ofrece una condonación adicional para aquellas comunidades que estén por debajo de la media del 19,3% de deuda condonada sobre el total. Montero explica que esto busca corregir posibles sentimientos de agravio entre las comunidades.
Finalmente, un ajuste en la tercera fase determina que la Comunidad que ostente la mayor condonación por habitante ajustado –actualmente la Comunidad Valenciana con 2.284 euros por habitante ajustado– sea utilizada como cifra de referencia. Este ajuste también proporcionará una condonación adicional del 10% para aquellas comunidades que han ejercido competencias normativas al alza en el IRPF de forma superior a la media entre 2010 y 2022.
