El Gobierno ha decidido destinar un total de 2.571,9 millones de euros a políticas activas de empleo, con las comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña a la cabeza en la recepción de fondos. Andalucía recibirá 417,9 millones de euros, mientras que Cataluña obtendrá 414,2 millones. Esta distribución fue acordada en la reciente Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en la que también se asignaron recursos a otras regiones.
Les siguen en la lista la Comunidad de Madrid con 344,6 millones, la Comunidad Valenciana con 243,3 millones y Galicia con 195,4 millones. Esta inversión permitirá gestionar programas de empleo y formación que les son necesarios según el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Los fondos se dividirán en función de criterios establecidos en el artículo 62.2 de la Ley 3/2023, de 28 de febrero de Empleo
Además, se incluye un marco de financiación plurianual que se extenderá hasta el año 2029, con el objetivo de asegurar la continuidad en la ejecución de políticas activas de empleo y proporcionar estabilidad al Sistema Nacional de Empleo. Para 2024, cada comunidad autónoma podrá acceder al 70% del importe asignado, con una distribución equitativa respecto a iniciativas de orientación laboral y formación.
En los planes de distribución, un 20% de los fondos de 2024, equivalentes a 514.392.206 euros, se destinará específicamente a aquellas iniciativas que hayan demostrado tener un mayor impacto en la mejora de la empleabilidad, como se especifica en el Plan Anual de Fomento del Empleo Digno (PAFED) de 2025.
Entre los objetivos se encuentran asignaciones de 1.424 millones de euros para programas de Políticas Activas de Empleo, 440,5 millones para formación profesional dirigida a personas ocupadas y desempleadas, y 633,6 millones para iniciativas de formación en alternancia. Estos últimos recursos estarán orientados a colectivos prioritarios, incluyendo a personas jóvenes y parados de larga duración, con el fin de medir su efectividad en términos de empleabilidad.
Por primera vez, se priorizarán fondos destinados a la formación en áreas como algoritmos, inteligencia artificial, y la prevención de riesgos frente a fenómenos meteorológicos adversos. Estas cantidades también respaldarán programas de formación en alternancia y aquellas convocatorias que no estén vinculadas a certificados profesionales, adaptándose así a las necesidades del mercado laboral actual.
