La Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha expresado su preocupación respecto al aval público aprobado por el Consejo de Ministros para cubrir impagos en los contratos de alquiler de jóvenes y personas vulnerables. Según la asociación, esta medida podría reducir la oferta de alquiler en ciertas zonas, desincentivar nuevas incorporaciones de viviendas y aumentar la inseguridad jurídica.
Asval ha destacado que el aval aprobado no es una medida novedosa, sino la reiteración de iniciativas previamente presentadas en el borrador del Plan Estatal de Vivienda y en el Real Decreto-ley 1/2025, conocido como decreto ‘ómnibus’. Estas propuestas no llegaron a desarrollarse reglamentariamente, por lo que nunca entraron en vigor. La asociación ha denunciado que, por tercera vez, el aval se ha anunciado sin detalles sobre su implementación efectiva, su ejecución presupuestaria o su marco de garantías.
Desde Asval, se ha señalado que vincular el acceso al aval a que el alquiler se sitúe por debajo del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (Serpavi) es un error técnico y operativo. Se argumenta que:
- El Serpavi no refleja el precio real de mercado.
- No ha contribuido a aumentar la oferta ni a mejorar el acceso.
- Ha retraído la oferta en ciertos territorios.
- No es atractivo para propietarios fuera de zonas tensionadas.
Asval resalta que un propietario en un municipio no tensionado es «poco probable» que reduzca su renta por debajo del índice de referencia para acceder a un aval aún sin desarrollar.
Vincular el acceso a los avales al índice de referencia es un error
Para mitigar el riesgo de impago, la asociación sugiere que las medidas deberían estar enfocadas en aumentar la oferta de vivienda en alquiler, atraer nuevos oferentes, reducir la litigiosidad y favorecer la estabilidad contractual. Abogan por medidas basadas en tres pilares clave: seguridad jurídica estable, incentivos claros y realistas, y políticas fundamentadas en evidencia.
Asval también propone la implementación de seguros de impago accesibles, colaboración público-privada y estímulos fiscales transparentes que favorezcan la expansión sostenida de la oferta de viviendas en alquiler.
