La Comisión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto ante las restricciones impuestas por el Gobierno español a la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell. Tras meses de intercambios de información y advertencias veladas, Bruselas ha anunciado que abrirá un procedimiento de infracción contra España, entendiendo que las condiciones adicionales impuestas por el Ejecutivo violan la libre circulación de capitales, uno de los principios fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
En concreto, la Comisión considera que España ha ido más allá de lo permitido por el Derecho comunitario al imponer una moratoria de hasta cinco años para que BBVA pueda proceder con la fusión efectiva con Sabadell. Aunque esta medida está amparada por la Ley de Defensa de la Competencia de 2007, y el Gobierno argumenta que busca proteger el interés general, la Dirección General de Estabilidad Financiera (FISMA) considera que este argumento ha sido estirado hasta el punto de contradecir los artículos 63 a 66 del TFUE.
El Consejo de Ministros dio luz verde a la opa el pasado 24 de junio, pero con restricciones significativas. Bruselas, sin embargo, considera que estas trabas políticas y regulatorias exceden lo razonable y pueden ser consideradas como un obstáculo injustificado dentro del Mercado Único. Además, tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el Banco Central Europeo (BCE) ya habían expresado su aprobación condicionada, y no detectaban motivos para bloquear la operación desde una perspectiva de competencia o solvencia financiera.
La apertura formal del procedimiento se realizará, previsiblemente, antes del parón estival. El proceso comenzará con el envío de una carta de emplazamiento solicitando explicaciones detalladas al Gobierno, al que se concederá un plazo de dos meses para responder. Si la respuesta no satisface a la Comisión, esta emitirá un dictamen motivado, instando a España a modificar su postura. En caso de persistir el incumplimiento, Bruselas podría escalar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tendría la última palabra y podría imponer sanciones económicas.
Este caso se suma a una larga lista de procedimientos de infracción abiertos contra España. Actualmente, el país tiene 187 expedientes en curso por distintos incumplimientos del Derecho de la UE, aunque la mayoría no llega a los tribunales ni conlleva sanciones económicas. En el ámbito específico de los servicios financieros y la unión de los mercados de capitales, hay 17 procedimientos abiertos, de los cuales solo uno ha llegado hasta el TJUE.
Si bien las multas económicas son una posibilidad real, con una sanción mínima de 7,5 millones de euros en caso de una multa única, y 8.084 euros diarios en caso de penalización periódica, el verdadero objetivo de la Comisión no es castigar económicamente a España, sino asegurar el cumplimiento uniforme del Derecho comunitario. En este sentido, la CE actúa como guardiana de los Tratados, y el procedimiento de infracción es una herramienta clave para garantizar la coherencia y el correcto funcionamiento del Mercado Único.
No obstante, este tipo de procedimientos, aunque eficaces, suelen ser largos. Si España decide mantener su postura y agotar todas las etapas, el litigio podría extenderse durante años, afectando de manera directa o indirecta a la viabilidad y los plazos de ejecución de la opa de BBVA. Esta lentitud ha sido objeto de críticas, incluso por parte del Tribunal de Cuentas Europeo, que subrayó recientemente la necesidad de acelerar los tiempos de resolución.
El caso representa un choque frontal entre las competencias nacionales en materia de regulación económica y las libertades fundamentales consagradas en la legislación europea. Para el Gobierno español, proteger el interés general y la competencia en el sector bancario es prioritario. Para Bruselas, impedir una operación avalada por las autoridades competentes sin justificación adecuada constituye una vulneración clara del Derecho de la Unión.
