El comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, ha defendido en el Pleno del Parlamento Europeo un nuevo plan de acción destinado a relanzar el sector del automóvil europeo. Este plan incluye la extensión del plazo de tres años para que la industria cumpla con los objetivos de reducción de emisiones. Según Tzitzikostas, el objetivo es alcanzar un equilibrio entre la sostenibilidad y el pragmatismo.
El comisario explicó que comprende la preocupación de la industria respecto a las posibles multas para aquellos fabricantes que no cumplan con las metas establecidas en 2019. La propuesta de relajar los plazos otorgará «un poco de aire fresco y flexibilidad» al sector. Concretamente, se prevé un aplazamiento de 2025 a 2028 para la entrada en vigor de sanciones económicas por la falta de cumplimiento de una reducción del 15% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) respecto a los niveles de 2021.
La propuesta mantiene la ambición del objetivo pero ofrece más tiempo a los rezagados
Sin embargo, esta enmienda aún necesita la aprobación de los colegisladores, incluyendo el Consejo y el Parlamento Europeo. Tzitzikostas ha instado a los eurodiputados a respaldar la propuesta con urgencia para su adopción en marzo. Durante el debate, la eurodiputada del PP, Susana Solís, celebró la reacción del Ejecutivo comunitario para prevenir «multas millonarias» a la industria, argumentando que sería incoherente castigar a un sector obligado a electrificarse.
En contraste, la eurodiputada del PSOE, Elena Sancho, advirtió que los objetivos de cero emisiones para 2035 deben ser «inamovibles» y evitar cualquier «incertidumbre» que podría afectar a la estabilidad del sector y los trabajadores involucrados. Desde Vox, Jorge Buxadé consideró el plan como «otra oportunidad perdida», criticando a la UE por imponer objetivos de reducción de emisiones en un contexto de ventas a la baja.
Por último, la eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, resaltó la importancia del sector automotriz en Euskadi, donde genera 38,000 puestos de trabajo, y la eurodiputada de BNG, Ana Miranda, enfatizó la necesidad de considerar el impacto social de las medidas implementadas, dado que 22 empresas y 24,000 empleos en Galicia dependen de esta industria.
