La Comisión Europea ha dado luz verde este miércoles a la última adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, un documento esencial financiado con los fondos europeos ‘Next Generation EU’. Esta aprobación busca simplificar el despliegue de estos recursos antes de que finalice el plazo del mecanismo, a fines de 2026. El Gobierno, tras su revisión, ha decidido reducir a 22.800 millones de euros los préstamos solicitados, un poco más del 25% de los créditos inicialmente asignados.
Para el Ministerio de Economía, este respaldo de la Comisión Europea es una clara señal de la buena marcha del Plan. La recta final de la implementación de los fondos europeos comienza, teniendo presente que, mientras que el 31 de agosto de 2026 es el último día para realizar inversiones, el plazo final para certificar gastos es el 31 de diciembre de 2026.
"Gracias a la simplificación del Plan, el Gobierno de España ejecutará el tramo final de los fondos europeos y ultimará las inversiones que garantizan la modernización de la industria, el sector tecnológico y los servicios públicos", según ha destacado el departamento dirigido por Carlos Cuerpo.
Aunque el plan mantiene su ambición original, se han revisado 160 medidas con miras a simplificar procesos y disminuir las cargas administrativas. Entre estas medidas, 17 reformas con rango de ley han sido eliminadas; 12 de estas no están relacionadas con recomendaciones específicas para España ni con problemas estructurales identificados.
Un ejemplo destacado es la ley de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, que ahora se desvincula de los fondos europeos tras estar un año estancada en tramitación parlamentaria. En otros casos, las reformas han sido sustituidas por otras de «similar ámbito y ambición», enfocándose en áreas prioritarias identificadas por la Comisión Europea, tales como vivienda y sanidad.
Pese a estos cambios, se mantiene en el plan la subida a la fiscalidad del diésel, una medida que se espera esté aprobada antes de que termine enero. Este ajuste es parte de reformas más amplias que incluyen la ley de movilidad sostenible y la prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Además, el plan incorpora la inyección de 13.000 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial, impulsando aún más las prioridades estratégicas mediante nuevas inversiones en áreas como la supercomputación y la transición energética.
Finalmente, el Gobierno ha destacado que la solidez de la economía española permite un financiamiento eficiente en los mercados, reduciendo así la dependencia de préstamos europeos.
