El pasado viernes, la Comisión Europea anunció el desembolso del quinto tramo del plan de recuperación y resiliencia para España, acompañado de un monto de 23.100 millones de euros, de los cuales 8.000 millones son subvenciones y 16.000 millones en préstamos. Sin embargo, Bruselas ha descontado 1.000 millones debido al incumplimiento por parte del Gobierno español de dos hitos cruciales: el incremento fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de entidades regionales y locales.
El comunicado emitido por el Ejecutivo comunitario detalla que estos recursos se destinarán principalmente a medidas clave como el fomento de energías renovables, la reducción de la burocracia y la mejora en la eficiencia del sistema judicial. Además, se realizarán inversiones importantes en la red de transporte ferroviario de corta distancia y se reforzará la resiliencia en materia de ciberseguridad.
España, junto a Italia, Portugal, Chipre y Malta, recibe estos fondos como parte de un paquete total de aproximadamente 43.000 millones de euros liberados como respuesta a la crisis económica post-coronavirus
A principios de julio, la Comisión Europea indicó que un poco más de 1.000 millones del desembolso quedarían «en suspenso» hasta que España cumpla con los objetivos previamente establecidos. El país dispone ahora de un plazo extra para alcanzar estos hitos y asegurar el total del financiamiento comprometido.
