España atraviesa un proceso de fragmentación social sin precedentes. Así lo advierte el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social, presentado por Cáritas Española, que denuncia la contracción de la clase media y el desplazamiento de numerosas familias hacia los estratos sociales inferiores. Tras dos décadas marcadas por crisis encadenadas, las fases de recuperación no han sido suficientes para cerrar las brechas sociales. El resultado: una de las tasas de desigualdad más altas de Europa y una exclusión severa que, en 2024, supera en un 52 % la registrada en 2007, afectando a 4,3 millones de personas.
El estudio, elaborado por 140 investigadores procedentes de 51 universidades y entidades del Tercer Sector, ofrece una radiografía exhaustiva de una sociedad que se encuentra en una encrucijada. La secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro, subrayó durante la presentación que el informe “llega en un momento histórico de profunda complejidad”, mientras que el secretario técnico de la Fundación FOESSA, Raúl Flores, destacó que el documento busca “comprender esta realidad y ofrecer las herramientas necesarias para una transformación social que ponga la justicia y el bien común en el centro”.
El informe es claro en su diagnóstico: no son las personas las que fallan, sino el sistema. Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias para salir adelante, como buscar empleo o formarse, pero se enfrentan a barreras estructurales, recursos limitados y servicios fragmentados. El mito de la pasividad entre quienes viven en la pobreza, afirma el estudio, es completamente falso.
Los principales motores de la exclusión son la vivienda y el empleo. El informe advierte de que el 45 % de quienes viven en alquiler se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión, la cifra más alta de toda la Unión Europea. La vivienda se ha convertido en un factor que reconfigura la estructura social, expulsando a miles de hogares de una vida digna. En cuanto al empleo, la mejora de las cifras macroeconómicas no se traduce en bienestar real: la precariedad afecta a casi la mitad de la población activa, unos 11,5 millones de personas, lo que evidencia que tener trabajo ya no garantiza escapar de la pobreza.
A estos factores se suman otros como la educación, la salud, el origen familiar y las relaciones sociales. La educación secundaria obligatoria ya no protege frente a la exclusión: solo quienes alcanzan estudios de Bachillerato o Formación Profesional logran reducir su vulnerabilidad. Además, la exclusión se hereda. Los hijos de padres con bajo nivel educativo tienen el doble de probabilidades de caer en la pobreza, lo que demuestra que la igualdad de oportunidades sigue siendo una promesa incumplida.
La desigualdad también se mide en salud. Según el informe, el 6 % de las familias más vulnerables con enfermedades graves no recibieron atención médica en 2024, el doble que en el conjunto de la población. La salud mental también refleja esta fractura: los diagnósticos de ansiedad y depresión duplican los niveles entre quienes viven en exclusión severa. Cuando el sistema público se atasca, advierte el estudio, el acceso a la sanidad se convierte en un privilegio.
Otro de los síntomas más preocupantes es el aislamiento social. Aunque la soledad extrema se ha reducido en el conjunto de la población, en los hogares en exclusión severa se ha multiplicado por cinco en seis años. El debilitamiento del “escudo comunitario” refleja una sociedad que se fragmenta y pierde su capacidad de apoyo mutuo. Las mujeres, por su parte, soportan una carga desproporcionada: casi la mitad de los hogares en exclusión grave están encabezados por ellas. La pobreza femenina se agrava en los hogares monoparentales, donde la exclusión alcanza el 29 %, frente al 12 % registrado en 2007.
El estudio también pone el foco en la población migrante, donde la exclusión afecta al 47 % de las personas de origen extranjero, una tasa que triplica la de la población española. Sin embargo, el 69 % de las personas en exclusión son nacionales, lo que demuestra que el problema es estructural y no de origen. La situación administrativa irregular agrava la exclusión, afectando al 68 % de las personas extracomunitarias sin papeles, muchas de las cuales llevan años intentando regularizar su situación.
Los jóvenes y los niños son los grandes perdedores del modelo actual. Un tercio de toda la exclusión severa en España corresponde a menores, con una tasa de pobreza infantil del 29 %. A ello se suma una generación joven atrapada en la precariedad, con empleos temporales, bajos salarios y escasas perspectivas de futuro. La desigualdad salarial intergeneracional rompe el pacto social, y el “efecto cicatriz” de la precariedad amenaza con dejar huellas duraderas en la trayectoria laboral de millones de jóvenes.
El IX Informe FOESSA describe una sociedad del desasosiego, en la que la aparente bonanza económica convive con el malestar estructural, la soledad y la desesperanza. A esta crisis social se suma una crisis ecológica: la huella ecológica de España triplica la capacidad del territorio, mientras 1,8 millones de hogares viven en vulnerabilidad energética. Las élites consumen hasta cuatro veces más energía y recursos que los hogares pobres, generando un modelo insostenible y profundamente desigual.
Ante este panorama, Cáritas y la Fundación FOESSA advierten que continuar por el mismo camino llevará al colapso social y ecológico. El informe, de más de 700 páginas, propone más de 80 medidas concretas, pero subraya que ninguna será suficiente sin un cambio radical de paradigma civilizatorio. Ese cambio pasa por reconocer la interdependencia entre las personas, la ecodependencia con el planeta y la centralidad del cuidado como valor social.
“Necesitamos construir una nueva democracia del cuidado, que sustituya el individualismo por la responsabilidad compartida”, afirmó Raúl Flores durante la presentación. Según el informe, España debe elegir entre mantener el rumbo actual, marcado por la desigualdad y la desconfianza, o apostar por un nuevo pacto social basado en la justicia, la sostenibilidad y el bien común.
