La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha dado un paso significativo al presentar este martes una denuncia formal ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta acción se fundamenta en la sospecha de una posible alteración artificial de los precios en origen del aceite de oliva, lo que podría constituir una violación de la Ley de Defensa de la Competencia y ocasionar un perjuicio económico de hasta 2.800 millones de euros para los olivareros.
Durante la presentación, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, destacó la gravedad de la situación, subrayando que los datos son «contundentes y alarmantes». Según su análisis, existe un desfase injustificado de más de dos euros por kilo entre el precio real en origen del aceite de oliva (3,5 euros/Kg) y el valor que debería tener (5,55 euros/Kg), según un estudio exhaustivo realizado por las universidades de Jaén y Córdoba, así como el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).
Este análisis ha utilizado una metodología avanzada para detectar desequilibrios en el mercado, evaluando tanto los datos de producción de la campaña 2023/2024 como los aforos previstos para 2024/2025. El estudio se ha centrado en el precio en origen del aceite de oliva virgen extra (AOVE) y ha identificado márgenes «injustificables» entre el precio real pagado a los productores y su valor de mercado estimado. Esto sugiere un posible «desequilibrio provocado intencionadamente».
Si se confirma un pacto de precios o cualquier práctica que limite la competencia, se trataría de una «infracción grave» de la legislación vigente
Padilla también hizo hincapié en que, si persiste esta distorsión en los precios, los olivareros podrían perder hasta 2.800 millones de euros en la actual campaña. Reiteró que «no hablamos de percepciones ni de sensaciones, sino de una posible vulneración de la ley de Defensa de la Competencia, que exige una investigación urgente por parte de la CNMC sobre posibles acuerdos de precios que estarían perjudicando gravemente a los agricultores».
Por su parte, el responsable del sector de olivar de COAG, Juan Luis Ávila, advirtió que el mercado no debe ser un espacio de «abuso ni de especulación a costa del trabajo en el campo», y reafirmó su determinación de actuar frente a la desvalorización del esfuerzo de miles de olivareros.
