El sector del alquiler vacacional en España está viviendo una revolución. Desde hace algunos años, algunas comunidades autónomas y ayuntamientos han ido aplicando normativas cada vez más estrictas para controlar la oferta turística.
Pero, por lo que parece, este año marcará un punto de inflexión debido a la llegada del nuevo registro estatal de viviendas turísticas. Este sistema, impulsado por el Gobierno, busca unificar la información sobre todas las propiedades que se alquilan en España con fines turísticos en el país.
Hasta ahora, cada comunidad gestionaba su propio registro, con unos criterios y unas exigencias diferentes. Por ejemplo, para los pisos amueblados de alquiler mensual en Madrid, el Ayuntamiento de la ciudad exige una licencia urbanística para operar legalmente.
En Canarias, por ejemplo, los propietarios deben cumplir con un conjunto de normas muy específicas sobre equipamiento y seguridad. Y en Cataluña, el número de licencias está limitado por zonas.
El resultado es que este asunto se convertía en un auténtico laberinto burocrático para quienes poseen una o varias viviendas de alquiler vacacional.
Con el nuevo registro estatal, la idea es crear una base de datos única donde cada vivienda tenga un código identificativo nacional, independientemente de su ubicación. Este número de registro estatal deberá aparecer en todos los anuncios, hasta en las redes sociales.
En teoría, el objetivo de esta ley es el de mejorar la transparencia, reducir el fraude y sobre todo facilitar la fiscalización por parte del Estado. Pero, como siempre, esto también conlleva un impacto directo para los propietarios.
Lo que cambia con el nuevo registro
El registro estatal, que entrará en funcionamiento a lo largo de 2025, obligará a todos los propietarios de viviendas de alquiler turísticas a inscribirse, incluso si ya están registrados en su comunidad autónoma. Es decir, no bastará con tener el número regional; también habrá que obtener el código estatal.
El Ministerio de Industria y Turismo, responsable del proyecto, ha explicado que este sistema servirá para mejorar la coordinación entre administraciones y detectar actividades ilegales.
Esto significa que los anuncios sin número de registro podrían ser retirados de las plataformas digitales, y los propietarios que no se inscriban se expondrán a sanciones que podrían superar los 3.000 €.
Además, las comunidades autónomas seguirán teniendo competencias para conceder licencias, pero ahora deberán compartir los datos con el Estado. Esto permitirá cruzar información con Hacienda, algo que muchos propietarios ya sospechaban que llegaría. En otras palabras, será mucho más difícil alquilar sin declarar.
Beneficios y puntos negativos para los propietarios
Desde un punto de vista positivo, este registro puede aportar una mayor seguridad jurídica a los propietarios, puesto que los que cumplan con la normativa podrán demostrar fácilmente que operan de forma legal y esto va a generar confianza entre los huéspedes.
A largo plazo, esto también podría ayudar a profesionalizar el sector y a reducir la competencia desleal de los pisos que no disponen de licencia.
Sin embargo, también hay puntos negativos. Para muchos pequeños propietarios, el nuevo sistema puede resultar una carga adicional. Tendrán que gestionar todos estos trámites, actualizar su información y asegurarse de que todo está en regla antes de poder publicar su vivienda.
Y en ciudades donde las licencias están prácticamente congeladas, como Barcelona o Palma de Mallorca, el registro estatal no supondrá un alivio a esta carga, ya que si no tienes licencia autonómica, no podrás operar legalmente, aunque te registres a nivel nacional.
Por eso, algunos propietarios ya están explorando otras alternativas para sus viviendas que sean más estables y menos arriesgadas, como el alquiler de media estancia. Estos modelos no requieren licencia turística, pero siguen ofreciendo a los inquilinos una rentabilidad interesante, sobre todo en grandes ciudades con alta demanda como Madrid, Valencia o Málaga.
