La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado un requerimiento formal a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo es abogar por la habilitación de los créditos necesarios para subir las retribuciones de los empleados públicos, alineándolas con el Índice de Precios de Consumo (IPC) y aplicándolas de forma retroactiva a partir del 1 de enero de 2025. Este llamamiento se produce paralelamente a la publicación de la orden en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.
Desde CSIF, se recalca la importancia de estas medidas para optimizar las condiciones económicas de los trabajadores del sector público, lo cual, a juicio del sindicato, repercutirá positivamente en la calidad de los servicios públicos y en el fortalecimiento del Estado de Bienestar.
Otras reclamaciones de CSIF
El sindicato también exige la recuperación del poder adquisitivo que ha disminuido, situándose en más de un 20%, así como el restablecimiento del régimen retributivo anterior a los recortes de 2010. Esto incluye recibir la cuantía completa de las pagas extra. Además, CSIF plantea la necesidad de una equiparación salarial para todos los empleados públicos del mismo cuerpo y escala sin que el ámbito territorial o administrativo influya en las diferencias retributivas actuales.
En cuanto a otros aspectos, CSIF demanda una adecuación en la clasificación de grupos profesionales conforme a la normativa vigente, junto con la implementación de una carrera profesional para todo el personal público. Propone también la actualización de las indemnizaciones por servicio, ajustando tanto las cuantías por manutención y pernocta como por el uso del vehículo propio, y busca la homologación salarial de los trabajadores en el extranjero considerando el poder adquisitivo de cada país.
El sindicato también pide la abolición de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público
, para que las administraciones puedan adaptar estas ofertas a las necesidades reales de recursos humanos. En cuanto a la promoción interna, sugiere la eliminación de los actuales procesos selectivos, proponiendo que se vinculen a la superación de un curso selectivo. Además, insta al establecimiento de la jornada laboral de 35 horas semanales para todos los empleados de las administraciones públicas para prevenir diferencias de trato.
Por último, en materia de jubilación, CSIF aboga por regular la jubilación parcial para empleados públicos, su aplicación transversal en todas las administraciones, y la posibilidad de jubilación anticipada para colectivos que realizan trabajos de marcada penosidad, toxicidad o peligrosidad. En cuanto a las pensiones, se reclama la actualización de los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas para alinearlos con las pensiones del Régimen General de Seguridad Social y la regulación de la jubilación voluntaria a los 60 años dentro de este régimen.
