La agencia española de crédito a la exportación, CESCE, desempeña un papel central en la estrategia Horizonte África, el marco político con el que España busca reforzar su presencia económica en el continente africano. Según cifras oficiales, entre 2020 y 2024 se habrían respaldado cerca de un centenar de operaciones de crédito a la exportación en más de veinte países africanos, con una exposición de riesgo público estimada en 2.370 millones de euros.
Este mecanismo se ha convertido en una de las principales palancas de la proyección económica española en África y en un factor decisivo para la internacionalización de sus empresas. A través de garantías públicas destinadas a asegurar proyectos de infraestructuras, energía o servicios esenciales, CESCE facilita el posicionamiento de grupos españoles en mercados complejos, aunque estratégicos.
Esta creciente implicación, sin embargo, no está exenta de costes. El aumento del número de proyectos respaldados en África implica, de forma inevitable, una mayor exposición a riesgos jurídicos, financieros y reputacionales, especialmente en países que siguen caracterizándose por la inestabilidad política, la debilidad institucional o elevados niveles de corrupción. En estos contextos, la línea que separa la oportunidad económica del riesgo sistémico resulta especialmente frágil.
Para evitar que proyectos aparentemente muy rentables acaben convirtiéndose en cargas duraderas para las finanzas públicas, CESCE y el conjunto de los actores públicos y privados españoles se enfrentan a una exigencia cada vez más clara: reforzar los criterios de selección de los proyectos y aumentar la transparencia en la elección de las empresas beneficiarias de las garantías públicas. La evolución del contexto africano y la magnitud de los compromisos asumidos hacen difícil cuestionar esta necesidad.
Esta exigencia cobra aún más sentido si se tiene en cuenta que grupos españoles de primer nivel como Grupo ACS y Sacyr llevan años beneficiándose de las garantías y seguros de CESCE en sus operaciones internacionales. Al mismo tiempo, estos grupos están presentes en África —en particular en Marruecos, Argelia y Egipto— con proyectos de infraestructuras y concesiones expuestos a riesgos elevados: inestabilidad política, inseguridad contractual, tensiones sociales y condicionantes de seguridad. Sin embargo, no existe información pública que permita determinar si estos proyectos africanos han contado con cobertura de CESCE, ni cuál ha sido el nivel de riesgo público asumido por el Estado español. Esta falta de visibilidad dificulta cualquier evaluación independiente sobre la coherencia entre la asunción del riesgo, la gobernanza de los proyectos y el uso de las garantías públicas.
La opacidad resulta todavía más preocupante si se observa que otras empresas españolas activas en África han estado implicadas en controversias o litigios ampliamente documentados. Acciona, uno de los principales actores en los sectores de infraestructuras y energía, participa en varios proyectos africanos que han generado controversias políticas o han activado mecanismos internacionales de reclamación, especialmente en Marruecos y Egipto. Una vez más, la información disponible no permite aclarar si estos proyectos se han beneficiado de garantías de CESCE ni cómo se han gestionado los riesgos identificados a lo largo del tiempo.
Más allá de los proyectos concretos, la cuestión de qué empresas reciben el respaldo de CESCE plantea un desafío adicional. En España, grupos como Acciona, Grupo ACS o Sacyr han sido objeto en los últimos años —en distintos grados— de polémicas públicas, investigaciones o sanciones relacionadas con prácticas de gobernanza, competencia o influencia. Estos antecedentes no implican una descalificación automática, pero constituyen indicadores de riesgo bien conocidos en los análisis de compliance y ética empresarial. Cuando estos mismos grupos operan en proyectos africanos de alto riesgo, en entornos institucionales frágiles, el nivel de vigilancia exigible debería ser significativamente mayor.
Estas cuestiones no afectan únicamente a los grandes grupos cotizados. Se vuelven especialmente sensibles cuando empresas de menor tamaño, pero fuertemente dependientes de financiación pública o para-pública, participan en proyectos africanos de alto riesgo. Es el caso de AEE Power, empresa española especializada en electrificación, cuya actividad en África ha estado acompañada de litigios contractuales y arbitrajes internacionales documentados tanto en África Oriental como Occidental, en particular en Kenia y Senegal. También en este caso, mientras estos procedimientos siguen abiertos, la ausencia de información pública impide evaluar cómo se gestionan los riesgos y los posibles fracasos desde la perspectiva del interés general.
En un momento en el que España aspira a consolidar su presencia económica en África, la credibilidad de esta estrategia dependerá menos del número de proyectos respaldados que de la capacidad de CESCE para demostrar, de forma transparente y verificable, que el riesgo público se selecciona, se supervisa y se asume con un nivel de exigencia acorde con la magnitud de los desafíos.
