La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado este miércoles su firme oposición a la OPA hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell. En un comunicado, Díaz enfatizó que dicha operación debe ser detenida si no se ajusta al interés general. «Esta operación, de enorme relevancia económica, debe someterse a condiciones estrictas por parte del Gobierno para garantizar el interés general y, de no cumplirse, impedir que se lleve a cabo», declaró la ministra, quien destacó que el asunto ha sido elevado al Consejo de Ministros, indicando que los plazos podrían extenderse hasta finales de junio.
La dirigente de Sumar manifestó que la OPA ha suscitado una «profunda preocupación» tanto a nivel social como institucional, especialmente en Cataluña. Díaz subrayó que «la sociedad catalana ha expresado un rechazo firme a una operación que considera perjudicial para el empleo, el tejido empresarial y el territorio», y añadió que este malestar debe ser escuchado y atendido.
Desde el ministerio, se han delineado las «condiciones imprescindibles» que se deben establecer para la OPA. Estas incluyen la garantía total del empleo, la no clausura de oficinas y la protección del crédito a empresas y autónomos, así como el análisis de las condiciones financieras y el riesgo sistémico derivado de la concentración bancaria. Se estima que la fusión podría resultar en la pérdida de hasta 4.000 empleos y una reducción del 9,4% en la plantilla, lo que para Díaz implica que «debe garantizarse el mantenimiento íntegro del empleo en ambas entidades».
Díaz también resaltó que el cierre de sucursales afectaría especialmente a zonas rurales y regiones con fuerte presencia del Sabadell, como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia, Asturias y Galicia. «Se debe mantener la totalidad de las oficinas para evitar exclusión financiera», insistió.
Asimismo, el ministerio argumentó que dado que el Sabadell es una «entidad clave» para la financiación de pequeñas y medianas empresas, la OPA no debe causar una reducción en el acceso al crédito ni en las condiciones actuales. La fusión, según el análisis, podría disminuir la competencia en el sector bancario, lo que generaría efectos «muy negativos» sobre los clientes particulares y las empresas.
En conclusión, el ministerio ha declarado que la OPA solo podrá ser autorizada si cumple con la protección del empleo, la conservación de todas las oficinas, el acceso al crédito en condiciones equivalentes y la defensa de los clientes frente a deterioros en los servicios financieros. Además, la operación no debe aumentar los niveles de concentración bancaria, que en este momento ya son alarmantemente altos en España. «De no cumplirse estos requisitos, no debería permitirse su ejecución», concluyó el comunicado.
