El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha expresado su disposición a colaborar con la Comisión Europea y demás instituciones comunitarias para aclarar las posibles discrepancias legales surgidas tras la decisión de Bruselas de iniciar un procedimiento de infracción contra España debido a la normativa aplicada en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del BBVA sobre Banco Sabadell.
Según fuentes del Ministerio de Economía, España notificará su respuesta en el plazo de dos meses, tal y como permite el procedimiento. El Gobierno se compromete a colaborar de manera constructiva con las instituciones europeas para explicar y aclarar cualquier diferencia jurídica o técnica, reafirmando su compromiso con los principios del Mercado Único y el Estado de Derecho.
La Comisión Europea ha señalado que el expediente contra España se debe a los poderes discrecionales que algunas normativas otorgan al Gobierno para detener operaciones como la mencionada OPA, ya que su alcance podría ir más allá del interés general. Aunque no se cuestionan las acciones específicas respecto a la OPA, preocupa cómo la legislación española no se alinea con el Derecho de la UE.
El Ejecutivo comunitario ha otorgado un plazo de dos meses al Gobierno español para responder a sus preocupaciones, que incluyen desde la necesidad de un cambio profundo en la transposición de dos leyes europeas hasta cuestionamientos sobre si la intervención gubernamental en la operación responde a un interés general genuino.
La normativa cuestionada por Bruselas «lleva bastantes años vigente» y se ha aplicado en varias ocasiones desde su aprobación
La Ley de Defensa de la Competencia fue aprobada en 2007 y la Ley de Solvencia Financiera en 2014. Fuentes comunitarias señalaron que, si hubiese habido un motivo genuino de interés público, esta intervención no habría supuesto un problema. Sin embargo, advierten que en cuestiones bancarias, no se debía haber elevado la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo de Ministros.
Bruselas espera que España corrija las fallas detectadas en la directiva de requisitos de capital y en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, requiriendo un cambio sustancial, mientras que las que afectan a la ley de defensa de la competencia deben ser orientadas y utilizadas adecuadamente.
