El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha señalado que la reciente decisión de Estados Unidos de aumentar del 25% al 50% los aranceles al acero y aluminio «socava las negociaciones» entre el país norteamericano y la Unión Europea. Durante una rueda de prensa previa a su intervención en un acto en Casa América, Cuerpo enfatizó que el impacto económico ya se está haciendo notar en las empresas comunitarias, que actualmente enfrentan un arancel del 25%. Esta situación inicial, según el ministro, ya afecta el contexto de la negociación, y el incremento adicional de aranceles dificultaría aún más la posibilidad de alcanzar un acuerdo «justo y equilibrado».
Cuerpo reiteró la disposición de la Unión Europea a seguir «tendiendo la mano» en busca de un acuerdo satisfactorio, aunque también recordó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, advirtió que el bloque está preparado para «tomar las medidas necesarias» para proteger a los trabajadores de la industria europea en caso de que no se logre un entendimiento.
Jornada sobre cláusulas de suspensión de deuda soberana
Más tarde, el ministro inauguró una jornada centrada en las cláusulas de suspensión de deuda soberana para países de bajos ingresos. Este evento, organizado por el Ministerio en colaboración con el Climate Emergency Collaboration Group, Children’s Investment Fund Foundation y Sustainable Sovereign Debt Hub, es parte de una serie de actividades previas a la IV Conferencia Internacional para Financiación al Desarrollo, que se llevará a cabo en Sevilla en julio.
El ministro ha expuesto que estas cláusulas poseen «mucho potencial para liberar espacio fiscal» cuando se requieren
Estas cláusulas son disposiciones contractuales en los convenios de crédito que permiten aplazar temporalmente el pago del servicio de la deuda ante eventos desencadenantes, como desastres naturales o crisis sanitarias. Cuerpo indicó que España ya aplica este tipo de cláusulas en sus acuerdos de préstamo bilateral con países de bajos ingresos y confía en una «adopción masiva» por parte de otras jurisdicciones. Además, expresó que la «ambición» de España es que el mayor número de actores posible se comprometan a incorporar estas cláusulas en sus acuerdos de deuda, resaltando que tales medidas benefician también a los prestamistas al contribuir a preservar el valor a largo plazo y evitar que las naciones caigan en situaciones de «impago».
