Un reciente estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha revelado que el 85% de los consumidores sienten que el alquiler turístico afecta el precio de la vivienda. En contraste, solo el 9% de los participantes considera que este fenómeno tiene poco o ningún impacto, mientras que el resto no tiene una opinión definida. Este análisis pone de manifiesto la percepción de la población respecto a cómo el alquiler turístico influye no solo en los precios de la vivienda, sino también en su disponibilidad y en factores colaterales como el costo de los servicios municipales y el aumento del ruido y la congestión.
Variaciones regionales en la percepción del impacto
El informe destaca que la percepción del impacto del alquiler turístico no es uniforme en todo el país. En Andalucía y el País Vasco, un abrumador 98% y 94% de los encuestados, respectivamente, comparten esta preocupación. En Castilla-La Mancha y Castilla y León, el porcentaje se reduce al 81%.
Para mitigar el impacto en los precios de la vivienda, los encuestados han propuesto diversas soluciones, entre las que destacan limitar el número de licencias de alquiler turístico (42%), aumentar las sanciones a las propiedades turísticas sin licencia (37%) y elevar los impuestos a los propietarios de estos inmuebles (30%). Además, acciones como promover la construcción de vivienda asequible (46%) y aumentar la oferta de alquiler tradicional (43%) han sido igualmente sugeridas.
OCU comparte la preocupación de los consumidores por el incremento del precio de la vivienda, comprometiendo grave el derecho de acceder a una vivienda digna
Los participantes también mencionaron efectos no deseados del alquiler turístico, como el aumento del costo de los servicios (66%) y la presión que ejerce sobre los residentes para que se muden a otras áreas (62%). A pesar de estos aspectos negativos, el 25% de los encuestados reconoce que el alquiler turístico puede revitalizar la economía local.
Finalmente, la OCU ha instado a impulsar medidas que favorezcan el acceso a una vivienda digna, como incrementar la oferta de viviendas de alquiler asequibles y establecer protecciones legales para arrendadores, así como políticas fiscales que fomenten el aumento del parque de vivienda en alquiler. La organización ha recordado que, según datos del INE, actualmente hay más de 3,8 millones de viviendas vacías en el país.
