El Banco de España ha aprovechado la presentación de su Informe Anual para lanzar un mensaje claro y directo al Gobierno: España necesita con urgencia mejorar la calidad de su marco institucional y regulatorio si quiere sostener su crecimiento económico y afrontar los desafíos del futuro con solidez.
El documento, presentado por el gobernador Pablo Hernández de Cos, pone el foco en una cuestión que ha ganado protagonismo en los últimos años pero que sigue sin abordarse con suficiente profundidad desde las instituciones públicas: el deterioro progresivo de la calidad institucional. Según el informe, España ha perdido terreno en los indicadores de gobernanza en las últimas dos décadas, situándose por debajo de la media de la Unión Europea y experimentando una de las mayores caídas entre los países avanzados.
"El marco institucional es una palanca clave para la productividad", advirtió el gobernador. Y los datos respaldan esta afirmación: si España alcanzara los estándares institucionales de países como Dinamarca o Suecia, su productividad total de los factores podría aumentar hasta un 5,5% en solo cinco años. El impacto sería todavía mayor si se compara con el promedio de los países europeos más avanzados, alcanzando incluso un crecimiento del 19%.
El informe también hace referencia al impacto negativo que la polarización política y la inestabilidad institucional pueden tener sobre la confianza de los ciudadanos, la inversión empresarial y la capacidad de atracción de capital extranjero. En un entorno global cada vez más competitivo, contar con instituciones sólidas, transparentes y eficientes es un requisito indispensable para consolidar un modelo de crecimiento sostenible.
Además, el Banco de España reclama una agenda reformista más ambiciosa, que contemple no solo ajustes fiscales, sino también mejoras estructurales en áreas como la educación, el mercado laboral y la inversión en capital humano y tecnológico. Entre las medidas prioritarias, se incluyen la modernización de la administración pública, el fortalecimiento del marco legal y la revisión del sistema de incentivos en el uso de los fondos públicos.
En paralelo, la entidad advierte que aunque la economía española crecerá previsiblemente un 2,7% en 2025 -una cifra positiva en el contexto europeo-, esta expansión no debe llevar a la complacencia. El crecimiento actual está impulsado en gran medida por el consumo privado, pero carece de los fundamentos estructurales necesarios para sostenerse en el medio y largo plazo si no se abordan las deficiencias del sistema institucional.
Por último, el Banco de España subraya la necesidad de fortalecer el consenso político y social en torno a estas reformas. "La mejora del marco institucional exige una visión de país compartida", señala el documento, destacando que el fortalecimiento de las instituciones no solo tiene un impacto económico, sino también democrático y social.
Con este contundente diagnóstico, el Banco de España sitúa al Gobierno ante una encrucijada: aprovechar el actual momento de crecimiento para impulsar reformas de calado, o dejar pasar una nueva oportunidad que podría condicionar el desarrollo del país durante las próximas décadas.
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