El Pleno del Congreso ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que establece la distribución de un total de 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, lo que supone un 9,5% más respecto a 2024. Este incremento ha sido respaldado por el Consejo de Ministros y ahora ha recibido el visto bueno del Congreso, con el apoyo del PP, los grupos de la coalición gubernamental y los socios del Ejecutivo, a excepción de Junts y Vox.
Estas entregas a cuenta de recursos tributarios, que abarcan el IRPF, IVA e Impuestos Especiales, han sido destacadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Durante el encuentro, el Ministerio de Hacienda avanzó que las comunidades autónomas verían sus entregas actualizadas a esta cantidad. Además, a los 147.412 millones de euros, se suma la liquidación de 2023, alcanzando un total de 158.167 millones, la cifra histórica más alta. Este escenario de prórroga presupuestaria ha permitido que las entregas a cuenta se gestionen independientemente de la aprobación de los Presupuestos.
El objetivo es garantizar con este decreto ley que se cuenta ya con estos mayores recursos para reforzar justamente la sanidad, la educación, las políticas de vivienda o las políticas que están desarrollando nuestros ayuntamientos
En palabras de la ministra Montero, esta medida busca asegurar recursos para servicios públicos fundamentales. Sin embargo, Montero ha reprochado al PP su negativa previa a medidas similares en el pasado. Mientras tanto, desde el PP, Pedro Puy ha criticado que esta medida no se incluyera en los Presupuestos Generales, calificándolo de «fracaso» del Gobierno.
Diferencias entre los socios del Gobierno
A pesar de la aprobación del decreto, no ha estado exento de críticas entre los socios y partidos. Compromís ha señalado la falta de implicación del Gobierno en la reforma del sistema de financiación autonómica, mientras que el BNG ha demandado una financiación singular para Galicia. Además, Podemos ha cuestionado la ausencia de nuevos presupuestos desde 2023.
Por otro lado, Vox ha insistido en la urgencia de renovar el sistema de financiación autonómica y local, apostando por simplificar la estructura del Estado autonómico. A pesar de las críticas, el decreto representa un paso clave en la distribución de recursos financieros a las comunidades, asegurando un flujo económico necesario para su gestión y desarrollo.
