El Congreso de España se prepara para debatir una proposición de ley trascendental presentada por el grupo político Sumar. La sesión, programada para el próximo martes, 25 de noviembre, tendrá como punto central la propuesta de reformar la Ley de Vivienda de 2023, planteando una prohibición a la compra de inmuebles residenciales por parte de empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión. Esta iniciativa tiene como objetivo frenar la especulación inmobiliaria protagonizada especialmente por «socimis» y «fondos buitre».
El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, ha sido el impulsor de esta legislativa, subrayando que el bloque plurinacional considera «prioritario» poner fin al acaparamiento del mercado de la vivienda por manos corporativas. Según la argumentación del grupo parlamentario, el deseo es devolver el derecho de disfrute de la vivienda a las personas físicas, para quienes el hogar representa una experiencia vital más allá del interés económico.
La reforma busca evitar la «especulación» limitando la transmisión de propiedad residencial a personas físicas
Alberto Ibáñez sostiene que la propuesta de Sumar, además de ser clara y formulada conforme a la Constitución, tiene cabida dentro del derecho europeo. Pese a reconocer la falta de consenso sobre cuántas propiedades puede poseer un individuo, Ibáñez se muestra confiado en que la iniciativa logrará el respaldo necesario en el Parlamento, pues entiende que existe una mayoría, desde la extrema derecha hasta la izquierda parlamentaria, que apoya limitar la especulación empresarial en el mercado de la vivienda.
Ibáñez concluye que parlamentarios de formaciones como el PNV y Junts podrían sentirse cómodos apoyando una reforma que promueve el fin de los fondos buitre en el sector inmobiliario. «Creo que puede gozar de esa mayoría parlamentaria», sentencia el portavoz, quien ve en la propuesta una vía responsable y conservadora para afrontar el problema de la vivienda en España.
