El próximo martes, 11 de marzo, el Congreso de los Diputados abordará una proposición de ley presentada por el Parlamento de Cataluña, que tiene como objetivo que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles al alquiler social. Esta iniciativa, impulsada por Esquerra Republicana, busca crear un fondo social de vivienda que garantice un retorno social del rescate bancario.
La crisis financiera que afectó a España llevó a un gran rescate estatal, donde se invirtieron más de 64.000 millones de euros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Aunque el Gobierno actuó rápidamente para estabilizar el sistema financiero, la proposición de ley señala que «se eximió de responsabilidades a los responsables de la crisis y no se hizo nada para reparar las consecuencias de su gestión que sufrían y sufren miles de personas».
Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es la intención de corregir la «grave deficiencia» en el rescate bancario, tal como ha planteado el defensor del pueblo catalán (síndic de greuges). Esto implica garantizar un retorno social que aborde urgentemente las necesidades de vivienda de la ciudadanía. La propuesta incluye la creación de un parque de vivienda social y la cesión del 50% de terrenos urbanizables que posee la Sareb.
Adicionalmente, la ley contempla la reforma de la legislación de estabilidad presupuestaria para permitir que las administraciones locales, como los ayuntamientos, utilicen los ahorros generados por el superávit para inversiones en vivienda. Esto facilitaría el ejercicio del derecho de tanteo y retracto en transacciones relacionadas con viviendas adquiridas en procesos de ejecución hipotecaria.
La votación en el Pleno del Congreso no solo determinará la viabilidad de esta propuesta, sino que también reflejará la postura del Gobierno respecto a un tema que ha cobrado relevancia en medio de la crisis habitacional que atraviesa España.
