El Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente una propuesta impulsada por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), solicitando al Gobierno el análisis de la reestructuración de la deuda o la modificación de las condiciones financieras de Tubos Reunidos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esta iniciativa se presenta en el marco de una proposición no de ley que busca fortalecer la competitividad y resiliencia de la industria siderúrgica y electrointensiva. La votación se saldó con el rechazo por parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la abstención de Vox, Junts y UPN, mientras que el resto del hemiciclo, incluidos el Partido Popular (PP) y Sumar, votaron a favor.
La Cámara Baja ha instado al Ejecutivo a, en coordinación con Tubos Reunidos y las administraciones competentes, evaluar la reestructuración de la deuda o la adaptación de sus condiciones financieras. Este análisis deberá estar vinculado a un plan de viabilidad industrial y al mantenimiento del empleo, reforzando así el papel del Congreso en la defensa de la industria nacional.
Además, se logró el respaldo mayoritario para proponer la modificación del impuesto a la generación eléctrica del 7%, sugiriéndose una reducción al 0% para rebajar de forma directa el precio de la electricidad en el sector industrial, propuesta que encontró la oposición de PSOE y Sumar. En palabras del portavoz del PNV,
las medidas propuestas son necesarias para asegurar la competitividad de nuestras industrias.
Otras propuestas de la proposición no de ley también han sido aprobadas, incluyendo la defensa de los intereses de la industria siderúrgica en el contexto de la Unión Europea, la regulación del mercado del acero y la asignación del 25% máximo permitido por la normativa europea para compensar los costes indirectos de CO2 soportados por la industria.
También se hizo un llamamiento para reducir los cargos y peajes aplicables a consumidores electrointensivos y promover, dentro de la Comisión Europea, la ampliación de sectores beneficiarios de las compensaciones por CO2 indirecto, identificando nuevos códigos CNAE que puedan estar en riesgo de deslocalización.
Finalmente, se solicitó al Gobierno que considere el potencial del marco normativo europeo de ayudas para una industria limpia (CISAF) como un mecanismo para reducir el coste del suministro eléctrico, fortaleciendo así la infraestructura económica de la industria nacional.
