El Congreso de los Diputados retomará este martes, 23 de septiembre, la tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible, un proyecto detenido en junio pasado debido a las tensiones políticas vinculadas al caso ‘Koldo’ y las persistentes inseguridades de Podemos hacia el texto. La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible está programada para reunirse con el fin de debatir y votar una ley cuya aprobación es clave para la obtención de fondos europeos.
Durante el periodo anterior, el proyecto de ley superó la fase de ponencia en el Congreso. Es una de las primeras etapas en donde los grupos realizan modificaciones legislativas a puerta cerrada por medio de enmiendas. La legislación, plagada de desacuerdos interpartidistas, requirió hasta tres sesiones de ponencia, introduciendo más de 130 enmiendas. Entre las medidas más significativas destaca una reforma propuesta por Sumar, destinada a que el nuevo mapa concesional estatal de paradas de autobuses sea acordado con las comunidades autónomas. Además, se estipula que el Estado deberá compensar económicamente a las paradas que se supriman.
No obstante, la comisión que se esperaba que aprobara el proyecto el 18 de junio fue cancelada en el último momento. Esto sucedió en medio de un ambiente político enrarecido por escándalos que vinculaban a ex secretarios de organización del PSOE con presunta corrupción, y las objeciones de Podemos. A pesar de los intentos del Gobierno de celebrar sesiones extraordinarias en julio para aprobar la ley, estas nunca se materializaron.
A pesar de que Podemos no tiene representación directa en la Comisión de Transportes (el voto del Grupo Mixto recae en el BNG), su influencia será decisiva en el pleno. Pablo Fernández, secretario de Organización y portavoz de Podemos, afirmó este lunes que su partido no puede apoyar el texto por ser un proyecto «de mínimos» en la lucha contra el cambio climático.
"Si el Gobierno de España quiere los votos de Podemos, tiene que paralizarse de inmediato la ampliación del Puerto de Valencia y también la ampliación del aeropuerto del Prat", sentenció Fernández en una rueda de prensa.
La tramitación de la norma proviene de la legislatura pasada y se reactivó con el compromiso del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de implementarla antes de finalizar 2024. A pesar de esto, la complicada situación parlamentaria ha ralentizado su proceso de aprobación. Dentro del texto, se encuentran medidas como la revisión de las etiquetas medioambientales de la DGT para incluir las emisiones de CO2. También se planea conceder beneficios fiscales al Mobile World Congress para asegurar que continúe celebrándose en Barcelona.
