El Congreso de los Diputados ha decidido dar un nuevo impulso a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Esta proposición busca regular los alquileres de temporada y de habitaciones, tras casi un año desde que el Pleno aceptara su tramitación.
Los socios presionan al PSOE
El retraso en el avance de esta ley ha generado tensiones entre el PSOE y sus socios parlamentarios de izquierda. Partidos como ERC y Sumar han expresado públicamente su descontento por la dilación en los plazos de tramitación.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han acogido positivamente el avance en la tramitación, destacando que la regulación de estos alquileres es vital para combatir el fraude en toda España, particularmente en las ciudades grandes. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha instado a los grupos del Congreso a trabajar juntos para lograr un consenso en torno a esta legislación.
Reforma de arrendamientos urbanos
El proyecto de ley propone reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual, lo que podría desincentivar su uso, especialmente en áreas con tensión en los precios del alquiler. Además, se introduce la obligación para el arrendador de justificar la necesidad de temporalidad, de manera similar a lo regulado en la legislación laboral.
La normativa restringe la duración del contrato de temporada a un máximo de nueve meses, sincronizándolo con el curso económico. En casos donde se superen los nueve meses o se encadenen más de dos contratos consecutivos, se considerará un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándose todos los preceptos de estos contratos, incluido el plazo mínimo y las prórrogas establecidas.
La fiscalidad es una de las herramientas más útiles para combatir la especulación y preservar la función social de la vivienda
Además, el Congreso discutirá próximamente una propuesta legislativa de ERC que contempla la aprobación de un nuevo impuesto para propietarios de tres o más viviendas. Esta medida es vista por los proponentes como un medio eficaz para combatir la especulación inmobiliaria.
