El Parlamento español reanudará este martes la tramitación de una proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Esta ley busca regular los alquileres de temporada y de habitaciones, asegurando que no se alejen de las directrices estipuladas por la Ley de Vivienda. La propuesta fue tomada en consideración por la Cámara Baja en diciembre de 2024. A pesar de las enmiendas presentadas en mayo, no fue hasta ahora que se convocó una reunión de la ponencia para su discusión.
El prolongado tiempo de espera para la tramitación del proyecto ha causado tensiones entre el PSOE y sus aliados de izquierda, quienes han presionado a los socialistas para acelerar el proceso. ERC y Sumar han expresado su descontento públicamente ante la dilación en los plazos.
Casi un año después de su aprobación inicial, la Cámara Baja finalmente ha reactivado la propuesta. El Ministerio de Vivienda ha celebrado este avance, señalando que esta regulación es «imprescindible» para combatir el fraude en los alquileres temporales, sobre todo en las grandes ciudades de España. La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha solicitado a los grupos del Congreso trabajar de manera conjunta para alcanzar un acuerdo.
La propuesta de ley introduce cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos de alquiler temporales a los habituales, desincentivando su uso en zonas tensionadas por la subida de precios. Se establece la obligación para el arrendador de justificar y demostrar la necesidad de la temporalidad del contrato, acorde a lo estipulado por la legislación laboral.
El contrato de temporada no podrá exceder de nueve meses, y al superar este periodo, se considerará como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, aplicándose las condiciones pertinentes.
La normativa busca que los contratos temporales no superen los nueve meses, coincidiendo con los tiempos del curso económico. Si la duración excede este periodo o se encadenan más de dos contratos consecutivos, se aplicarán las provisiones de un contrato de alquiler de vivienda habitual, incluyendo el plazo mínimo y posibles prórrogas.
