El Consejo de Europa ha reconocido la suspensión de desahucios para las personas sin alternativa habitacional, medida decretada por el Gobierno hasta junio de 2023 en respuesta a la crisis económica provocada por la invasión rusa de Ucrania, como una «buena práctica estatal». Este plan permitía a los arrendadores que se vieron afectados solicitar una indemnización que cubría el alquiler medio de viviendas similares, así como los gastos corrientes durante el periodo de suspensión, mediante la presentación de una declaración motivada y justificada.
En el informe publicado este miércoles por el Comité Europeo de Derechos Sociales, se ha destacado que España ha llevado a cabo iniciativas para reducir la pobreza infantil, tales como la creación de un Ministerio de Juventud e Infancia y el Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea (2022-2030). Sin embargo, el informe también ha subrayado que tener hijos en España se ha convertido en un «factor de exclusión social o pobreza importante». Esta situación afecta de manera especialmente grave a los hogares monoparentales, de los cuales un 49,2% se encontraba en esta situación crítica en 2022.
