El Gobierno, encabezado por PSOE y Sumar, ha logrado un acuerdo con varios socios parlamentarios para prohibir que el pago de tasas e impuestos, como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), recaiga en los inquilinos. Además, se establecerá un límite para los precios de alquileres de temporada y de habitaciones.
Estas decisiones son el resultado de enmiendas transaccionales introducidas por los grupos parlamentarios el martes. Estas enmiendas forman parte de la proposición de ley destinada a regular los alquileres de temporada y de habitaciones, presentada de manera conjunta por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, y actualmente se encuentra en la fase de ponencia.
Respecto al límite en los precios de los alquileres de habitaciones, los partidos PSOE, Sumar, ERC y Bildu han firmado una reforma que busca que la suma de las rentas de las habitaciones no supere el tope establecido para los pisos completos. En el caso de los grandes tenedores, la renta inicial se ajustará al índice de referencia de precios de la Ley de Vivienda. Además, los arrendatarios tendrán las mismas garantías que un contrato de alquiler de un piso completo.
Otra enmienda busca modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para asegurar que no se impongan al inquilino nuevas condiciones contractuales que lo obliguen a pagar conceptos adicionales, como «cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos» que no estuvieran en el contrato previo.
Las enmiendas establecen que los contratos de temporada o de habitaciones tendrán las mismas garantías que un arrendamiento habitual
Se prohíbe además el cobro de honorarios al inquilino, se limitan las fianzas y se regula el precio de los alquileres. Las viviendas en alquiler por menos de 31 días se considerarán de corta duración o turísticas, aplicándose las normativas europeas y nacionales pertinentes. Los alquileres temporales tendrán un máximo de 12 meses, debiendo justificarse la causa. De no justificarse o encadenarse contratos, se convertirán automáticamente en contratos de cinco o siete años.
Además, las comunidades autónomas mantendrán la capacidad de conservar y desarrollar sus derechos civiles y ejercer sus competencias en materia de vivienda. Aunque el proyecto ha avanzado gracias al respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, debe todavía superar fases en la Comisión de Vivienda y el Pleno, donde Junts podría aliarse con PP y Vox para rechazarlo.
Esquerra Republicana ha llamado al resto de formaciones a no bloquear un texto que consideran ofrece más garantías y seguridad jurídica
