Prórroga del escudo ‘antiopas’ hasta 2026
El Consejo de Ministros ha renovado este martes la suspensión del régimen de liberalización de ciertas inversiones extranjeras directas en España, extendiendo esta medida, conocida como escudo ‘antiopas’, hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta decisión se incluye en el nuevo real decreto ley ‘ómnibus’, que aborda además otros temas relevantes como el aumento de las pensiones y las ayudas al transporte.
La prórroga tiene como objetivo proteger sectores estratégicos del país ante posibles riesgos de seguridad y orden público. La regulación se aplicará a inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de países pertenecientes a la Unión Europea (UE) y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), así como a aquellas inversiones que, aunque provengan de residentes en España, se entiendan gestionadas por personas de estos países.
Autorización gubernamental en inversiones estratégicas
El escudo ‘antiopas’ otorga al Gobierno la autoridad para autorizar inversiones en empresas que sean consideradas estratégicas, especialmente en aquellas donde la participación supere el 10% en empresas cotizadas o 500 millones de euros en compañías no cotizadas. Definiendo la titularidad real como la posesión o control directo o indirecto superior al 25% del capital, esta normativa se ha aplicado en diversas ocasiones.
Recientemente, el Gobierno utilizó este mecanismo para permitir la entrada del operador saudí STC en Telefónica, donde posee un 9,97% del capital. Asimismo, se vetó la oferta pública de adquisición presentada por la empresa húngara Magyar Vagon sobre Talgo, que fue considerada un riesgo para la seguridad nacional.
Desde su implementación en 2020, el escudo ‘antiopas’ ha demostrado ser una herramienta clave para salvaguardar los activos estratégicos de España, aunque la mayoría de las operaciones de inversión extranjeras se han aprobado sin restricciones adicionales. Durante este período, el interés de inversores de Estados Unidos ha predominado, mientras que ha disminuido el interés de capitales provenientes de China. Sin embargo, el Gobierno asegura que la regulación actual mantiene un equilibrio, permitiendo a España seguir siendo un destino atractivo para la inversión extranjera.