El Consejo de Ministros ha aprobado un plan de ayudas extraordinarias destinado a mitigar los efectos devastadores de las intensas borrascas recientes en Andalucía y Extremadura. Este plan asciende a 2.874,1 millones de euros y está dirigido a agricultores, pescadores, ganaderos y acuicultores que han sufrido las inclemencias del tiempo desde el 1 de enero. Estas regiones han experimentado una mayor siniestralidad, afectando gravemente a estos sectores económicos.
Ayudas directas y subvenciones
El grueso del presupuesto se destina a ayudas directas que suman un total de 2.174 millones de euros y abarcan 619 municipios en ambas regiones. Este financiamiento se proporciona sin necesidad de trámites burocráticos adicionales, según ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Un segmento importante de esta ayuda, concretamente 2.121 millones de euros, está reservado como subvenciones para compensar la pérdida de renta de agricultores, ganaderos y acuicultores inscritos en el registro autonómico de explotaciones agrarias. Estas subvenciones ofrecerán entre 5.000 y 25.000 euros, representando el 30% de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.
Adicionalmente, hay una ayuda directa por 43,1 millones de euros para beneficiarios de pólizas de seguro agrario y otros 10 millones de euros destinados a armadores de buques pesqueros basados en Málaga, Cádiz y Huelva, quienes recibirán compensaciones por pérdidas superiores al 40%.
De los 700 millones de euros restantes, 600 millones serán administrados por las empresas públicas Tragsa y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para restaurar caminos, infraestructuras agrarias dañadas e instalaciones de regadío en el área andaluza y extremeña.
Una línea de financiación especial de 100 millones está diseñada para respaldar a los sectores agrario y pesquero compuesta por el Instituto de Crédito Oficial y otras entidades, que cubrirá el 15% del principal y el total del costo del aval.
El Ministerio de Agricultura también ha implementado medidas fiscales y laborales adicionales. Entre ellas se incluye la reducción de las jornadas necesarias para cobrar el subsidio agrario de 35 a cinco días, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica, y la consideración de fuerza mayor para algunas ayudas dentro de la Política Agraria Común (PAC). Además, se prevé una reducción de módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en el sector agrario, proporcionando un alivio significativo a los afectados.
