El Consejo de Ministros ha aprobado el contrato para la gestión y mantenimiento de las 40.000 viviendas transferidas a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) por parte de la Sareb. Este movimiento estratégico se enmarca en una licitación que incorpora cláusulas «antifondo», confirmadas por fuentes del Ministerio de Vivienda a Europa Press.
Cláusulas para proteger la vivienda asequible
El Ministerio, dirigido por Isabel Rodríguez, ha diseñado estas licitaciones para gestionar lotes de viviendas en régimen de alquiler asequible y establecer cláusulas que garanticen que los adjudicatarios sean empresas con experiencia en la gestión de vivienda asequible o social. El objetivo es evitar que las compañías participadas por grandes fondos de inversión sean adjudicatarias de estos contratos.
Un avance en la política habitacional del Gobierno
Con este proceso de licitación, el Gobierno avanza su plan iniciado en julio para el traspaso de un total de 40.000 viviendas y 2.400 terrenos, con capacidad para construir 55.000 viviendas adicionales. Esta transferencia tiene como finalidad fortalecer a la nueva empresa pública de vivienda que está en proceso de creación. Este enfoque representa un esfuerzo significativo por asegurar la disponibilidad de viviendas accesibles para la ciudadanía, alejando la especulación de grandes fondos.
El Gobierno da un paso más tras aprobar el pasado julio el traspaso progresivo de un total de 40.000 viviendas
Este desarrollo subraya el compromiso de las autoridades con la creación de un mercado de alquiler asequible que priorice el bienestar social por encima de los beneficios empresariales de los grandes actores financieros.
