El ministro de Economía, Comercio y Empresa ha defendido que la condición impuesta por el Gobierno a la OPA de BBVA sobre el Sabadell es «proporcional» y «equilibrada», en consonancia con la protección del interés general y la generación de valor para ambas entidades. En una entrevista en el programa ‘Hora 25’ de Cadena Ser, el ministro ha explicado que la medida pretende que ambas entidades colaboren y cumplan con la protección de los intereses generales.
La condición impuesta obliga a mantener la autonomía de las dos entidades durante tres años, con posibilidad de prorrogarlo a dos años más, si finalmente la OPA prospera y BBVA adquiere Sabadell. Según el ministro, esta medida provee los «incentivos necesarios» para asegurar la cooperación entre ambas partes. Pasados estos tres años, la condición podría darse por cumplida, lo que facilitaría que la adquisición o fusión pueda seguir avanzando si las entidades así lo desean.
El ministro ha destacado la importancia de ser «serios» y considerar el compromiso con esta operación como un elemento reputacional clave
El cuerpo gubernamental ha recordado que la Ley de Defensa de la Competencia contempla ciertas «limitaciones» en cuanto a la imposición de condiciones, que deben ser «proporcionales y equilibradas». No se pueden establecer condiciones de manera indefinida, por lo que se ha fijado un horizonte temporal de tres años, asimilado al propuesto por la CNMC en materia de competencia.
En respuesta a rumores sobre presiones políticas, el ministro ha rechazado cualquier intervención de grupos como Junts o ERC, aclarando que las conversaciones con los presidentes de BBVA y Sabadell han sido «cordiales». Ha enfatizado que la intervención del Gobierno concluye con el anuncio de la decisión, aunque sigue a disposición de ambos bancos para cualquier necesidad.
Finalmente, el ministro ha abordado cuestiones internacionales, viendo un «alivio» en la disminución de tensiones en Oriente Medio, lo que ha repercutido favorablemente en los precios del petróleo. Esta reducción en los precios es considerada una «buena noticia económica» para España, dado su papel como consumidor de combustibles fósiles y no productor.
