El Consejo de Ministros ha aprobado en su última reunión una transferencia de crédito de 60.137.430 euros al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta asignación se destina a reforzar las políticas de acceso a la vivienda, en respuesta a la creciente demanda de soluciones habitacionales en varias comunidades autónomas.
La Dirección General de Vivienda y Suelo, órgano responsable de solicitar esta transferencia, ha identificado la necesidad de este importe para implementar acciones dirigidas a las comunidades autónomas tras la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Actualmente, varios municipios en Cataluña y el País Vasco han completado este procedimiento, mientras que otras regiones como Navarra y Asturias han comenzado los trámites correspondientes.
El Ministerio de Vivienda ha programado para el ejercicio 2025 una inversión de 35 millones de euros
Esta inversión está orientada a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler a precios asequibles y garantizar la concesión de subvenciones necesarias para el Plan Estatal de Vivienda. En particular, se ha acordado con la Región de Murcia un monto de 11.426.800 euros para el ejercicio actual, en el marco del convenio firmado el 2 de noviembre de 2022, que contempla el acceso a la vivienda para el periodo 2022-2025.
Además, la transferencia contempla la línea de avales para la adquisición de vivienda dirigida a jóvenes y familias. De acuerdo con un convenio establecido el 5 de mayo de 2024 entre el Ministerio y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), se prevé abonar un total de 10.250.000 euros para el ejercicio 2025, destinado a la gestión y administración de estos avales. Esta partida no estaba contemplada en los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2023, por lo que resulta necesaria esta transferencia para honrar los compromisos asumidos.
La transferencia también atiende las obligaciones del convenio de colaboración entre el extinto Ministerio de Fomento y la Ciudad Autónoma de Ceuta. Este acuerdo, firmado el 21 de diciembre de 2018, preveía la financiación de la construcción de 90 viviendas protegidas, y aún quedan pendientes transferencias por valor de 3.460.630 euros.
