Este martes, el Pleno del Congreso de los Diputados abordará una proposición de ley presentada por PSOE y Sumar que regula el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Esta iniciativa forma parte de la trasposición de una directiva europea que España tiene pendiente desde hace tiempo. La legislación se había comenzado a tramitar previamente como proyecto de ley, pero fue retirada por el Gobierno tras la introducción de una enmienda que elimina el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, lograda gracias a la coalición de PP y Junts.
El Gobierno presentó su proyecto en junio de 2022 con la intención de proceder por urgencia, logrando el apoyo en el debate de totalidad en octubre. Sin embargo, en la fase de ponencia, se complicaron las cosas cuando la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, donde se organizaban las enmiendas, se vio afectada por la ausencia del diputado socialista Juan Antonio Lorenzo. Esta falta de quorum impidió que el Ejecutivo pudiera ratificar su veto a la enmienda, que implicaría una pérdida recaudatoria de 1.500 millones de euros.
La enmienda se introdujo a la ley con el voto de PP y Junts
Al no poder evitar la enmienda, PSOE y Sumar decidieron no fijar una nueva fecha para la convocatoria de la comisión, que era el siguiente paso en el trámite parlamentario. En lugar de ello, el Consejo de Ministros optó por retirar la norma del Congreso y presentarla como proposición de ley, lo que agiliza el proceso legislativo. Aunque el nuevo texto no incluirá la suspensión del impuesto eléctrico, el Gobierno mantiene la esperanza de que, si la oposición vuelve a intentar su abolición, podrá aplicar el veto del Ministerio de Hacienda.
Por su parte, el PP ha criticado estas acciones del Ejecutivo. El portavoz económico del partido, Juan Bravo, argumenta que la maniobra del Ministerio de Hacienda se debe a su negativa a reducir impuestos. Según el PP, la suspensión del impuesto eléctrico generaría un ahorro de 400 millones de euros para las familias, 500 millones para pymes y 200 millones para grandes industrias, lo que haría a la industria española más competitiva en comparación con el resto de los países de la UE, que no tienen este gravamen.
