El Gobierno enfrenta dificultades para convalidar nuevo gravamen a empresas energéticas
El panorama político se complica para el Gobierno, que aún no ha logrado los apoyos necesarios para conseguir la convalidación en el Congreso del nuevo gravamen temporal sobre las empresas energéticas, previsto para el año 2025. La oposición, que incluye al PP, Vox, PNV y Junts, ha manifestado su rechazo a esta medida.
La creación de este gravamen se aprobó durante el último Consejo de Ministros del año, cumpliendo así un compromiso adquirido por el Ejecutivo con las formaciones políticas ERC, Bildu y BNG. Cabe recordar que esta tasa ya estuvo vigente el año pasado, pero fue derogada con la implementación de la reforma fiscal impulsada por el PP, que contaba con el respaldo de estas misma fuerzas en el Parlamento.
El nuevo gravamen incluirá bonificaciones para aquellas empresas que realicen inversiones en actividades que se consideran «esenciales» para la transición ecológica y la descarbonización, además de la intención de transformarlo en un impuesto que sea gestionado por las haciendas forales.
Postura del PNV y sus alegaciones
El PNV ha dejado claro que su voto será negativo, argumentando que la creación de este gravamen «rompe el principio de relaciones con las comunidades forales, tanto con la comunidad autónoma vasca como con Navarra». Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha afirmado que el compromiso para convertir el gravamen en impuesto ya fue incluido en la norma para el año 2024, pero no se ha llevado a cabo. Como respuesta, el partido ha expresado:
«Basta de vender mercancía de segunda mano y averiada como logro»
En la misma línea, el decreto prevé una bonificación de hasta el 60% sobre la cuantía del impuesto para las empresas que realicen inversiones estratégicas, evaluadas por el Ministerio de Transición Ecológica. Estas inversiones pueden abarcar desde la producción de hidrógeno renovable hasta la transformación de residuos en nuevos productos.
Por su parte, Junts también rechaza la propuesta, argumentando que no corresponde al Gobierno decidir qué inversiones son consideradas estratégicas. La formación ha señalado que esto podría poner en peligro proyectos de gran envergadura en Cataluña, como los 1.100 millones que Iberdrola tiene destinados a un proyecto petroquímico en Tarragona.
Con el PNV y Junts en contra, queda por determinar la postura de Podemos, que ha expresado su disconformidad con el formato del gravamen actual y ha solicitado una proposición de ley que aún no se ha presentado.
