El PSOE y Sumar han presentado una **iniciativa conjunta en el Congreso** que busca regular las deslocalizaciones empresariales en España. Esta propuesta, que se formaliza como una **proposición no de ley**, establece que las empresas que deseen deslocalizar su actividad deben notificarlo a la Administración con un mínimo de nueve meses de antelación. Este plazo tiene como objetivo permitir la negociación de medidas que puedan revertir la decisión de deslocalización y explorar alternativas industriales.
Medidas para fortalecer la industria nacional
Los socios de Gobierno planean implantar este aviso previo en el contexto de la **Ley de Industria**, actualmente en tramitación. La intención es desincentivar la deslocalización de empresas y crear estrategias que fortalezcan la estabilidad del sector industrial en España. En este marco, la iniciativa propone la creación de la «Mesa de la Reindustrialización», un organismo que incluirá a diversas administraciones y entidades para analizar la información sobre deslocalizaciones y establecer medidas para revertir tales decisiones.
Además, se han estipulado condiciones específicas para los beneficiarios de subvenciones públicas, que superen los tres millones de euros en los últimos cinco años. Las grandes empresas deberán mantener la actividad productiva durante un mínimo de cinco años, mientras que este plazo se reduce a tres años para las medianas y a dos años para las pequeñas empresas. Se considera incumplimiento si la empresa reduce su producción en más de un 65% o si su personal disminuye en 500 empleados o más.
La iniciativa aspira a asegurar el potencial de crecimiento de la economía y a consolidar un mercado laboral robusto
Finalmente, se busca continuar avanzando en un «marco normativo» que elimine las deslocalizaciones empresariales relacionadas con el deterioro del mercado laboral y el **dumping social y ambiental**. Esta regulación es esencial para preservar el tejido empresarial y garantizar un crecimiento económico sostenible, así como el avance en derechos laborales justos y equitativos.
