En España, aunque el Gobierno no tiene la potestad legal directa para vetar fusiones bancarias, ha influido de forma determinante en varias operaciones clave del sector a través de mecanismos indirectos. Estas herramientas incluyen la imposición de condiciones regulatorias, el impulso de consultas públicas o el uso de su participación en entidades financieras estratégicas.
La reciente OPA hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell es un ejemplo claro de este tipo de intervenciones. Pese a que la operación ha sido aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) bajo condiciones como el mantenimiento de oficinas y la conservación de ventajas para clientes durante tres años, el Gobierno liderado por Pedro Sánchez ha activado una consulta pública inédita para evaluar si la fusión respetaba el "interés general".
Esta medida, aunque no supone un veto formal, ha sido interpretada como una clara maniobra para frenar la ofensiva del BBVA. Además, diversas asociaciones empresariales catalanas y representantes políticos han mostrado su rechazo a la fusión, alertando de sus posibles efectos negativos sobre la competencia, el empleo y el equilibrio territorial.
Esta no es la primera vez que el Ejecutivo interviene en operaciones de este tipo. En 2020, CaixaBank y Bankia protagonizaron una fusión respaldada explícitamente por el Gobierno, que entonces mantenía una participación significativa en Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La operación, enmarcada en un contexto de crisis por la pandemia, fue vista como un paso lógico para reforzar la solidez del sistema financiero nacional.
Otra operación en la que la autoridad pública tuvo un rol decisivo fue la intervención de CajaSur en 2010. Tras el fracaso de las negociaciones con Unicaja, el Banco de España decidió intervenir la entidad y adjudicarla a BBK. Esta actuación se produjo en pleno proceso de reestructuración del sector tras la crisis financiera de 2008, que obligó a reordenar de forma drástica el mapa bancario español.
En esa misma línea, en 2012 el Gobierno nacionalizó el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, ante la gravedad de su situación financiera. La operación fue una de las mayores intervenciones públicas del sector bancario en la historia reciente del país, con el objetivo de evitar un colapso sistémico.
Todos estos antecedentes muestran que, aunque formalmente no tenga capacidad de veto, el Gobierno ha actuado como un actor central en las grandes operaciones bancarias de las últimas décadas, haciendo valer su influencia para proteger lo que considera el interés general, equilibrar el mercado y mantener la estabilidad del sistema financiero.
Empresarios catalanes piden a Sánchez que bloquee la OPA de BBVA al Banco Sabadell
