La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha comunicado que el Gobierno promoverá una nueva versión de la Ley de Propiedad Horizontal para "ajustar y clarificar" los términos en los que las comunidades de vecinos deben participar, de modo que puedan decidir si permiten o prohíben la presencia de pisos turísticos en su edificio.
Asimismo, ha anunciado que el Gobierno gestionará con urgencia un real decreto ley para que los alquileres temporales se incluyan en una plataforma de registro único que el Ejecutivo pretende crear conforme al reglamento de la Unión Europea 2024/1028, que regula el intercambio de datos sobre alquileres de corta duración. Esta plataforma también incluirá los alquileres turísticos.
Rodríguez hizo estas declaraciones tras una reunión con el Grupo de Trabajo sobre la regulación de los alquileres temporales, donde explicó que el Gobierno también incorporará en este real decreto las condiciones necesarias para que los alquileres temporales justifiquen su causalidad al formalizar el contrato, asegurando así que el contrato se basa en la temporalidad y no reemplaza otro tipo de contratos necesarios para el funcionamiento regular de la vida cotidiana.
"Este fenómeno está tensionando el mercado del alquiler, al tiempo que esa tensión genera un incremento de precios, del mismo modo que los alojamientos turísticos tensionan el alquiler residencial y contribuyen al incremento de precios", ha asegurado Rodríguez.
Tal y como ha indicado la ministra, en la reunión de este miércoles mantenida con diferentes representantes de distintos ministerios, organizaciones del sector y agentes sociales, han concluido que es "necesario" establecer todos los mecanismos para no burlar la Ley de Arrendamientos Urbanos y salvaguardar el alojamiento de temporada.
"Los alquileres de temporada para lo que realmente son", ha sentenciado Rodríguez. Para ello, ha indicado que se desarrollará el artículo 3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), así como el reglamento de la Unión Europea 2024/1028 sobre el intercambio de datos relativo al servicio de alquiler de alojamientos de corta duración.
Por ello, se exigirá a los alojamiento de temporada que justifiquen la causalidad que les lleva a no acogerse a un tipo de alquiler ordinario, con el objetivo de que no se "abuse" del contrato de alquiler temporal y, utilizando los registros autonómicos y locales, que estos alquileres temporales formen parte de la plataforma de registro único que el Gobierno quiere impulsar para los pisos turísticos.
Respecto a la plataforma, Rodríguez ha indicado que, con ella, se pretende establecer un sistema similar al de una "matrícula" para que se sepa si una vivienda es protegida, temporal o turística.
"Uno no puede tenerla (una vivienda) en temporal y en turístico al mismo tiempo, porque entonces algo no está saliendo bien", ha afirmado, a la vez que ha defendido este sistema como una manera de combatir el "fraude" que se está produciendo en algunas viviendas que se ponen como alquiler temporal, pero luego en la temporada de verano se establecen como vivienda turística.
"Eso es lo que manifestó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando en esa cita que suele reiterar, dice que la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento supone una razón imperiosa de interés general que justifica la adopción de todas las medidas que no sean discriminatorias y que sean proporcionadas para perseguir ese objetivo", ha aseverado.
EL REAL DECRETO ESTARÁ LISTO A FINALES DE VERANO Y LA PLATAFORMA EN 2025
Al ser preguntada por plazos, Rodríguez ha recordado que el Gobierno tiene previsto que esta plataforma esté lista en 2025, pero se va a intentar poner en marcha "todo lo rápido que nos permita la tecnología y los desarrollos que hemos de implementar".
Por su parte, ha asegurado que el real decreto que quiere impulsar el Gobierno podría estar listo a finales de verano. "La idea es tramitarlo con absoluta rapidez en el seno del Gobierno y, por tanto, en las próximas semanas le daremos toda la celeridad que le podemos dar, cuidando los trámites de exposición pública a la ciudadanía".
En relación a la nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que el Gobierno quiere impulsar, Rodríguez ha defendido que, con ello, buscan "empoderar a los vecinos" para que su decisión sea "determinante" a la hora de aceptar o no la implantación de una actividad económica en sus fincas.
Así, el Gobierno ajustará la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la autorización o veto por parte de los vecinos a este tipo de actividades económicas, que "están impidiendo el acceso a las familias al alojamiento residencial".
Para ello, el Ministerio de Vivienda comenzará a reunirse esta semana con grupos parlamentarios, sectores económicos afectados y agentes sociales a fin de garantizar "los apoyos necesarios para un ajuste quirúrgico restringido" a esta cuestión.
Por otro lado, la titular de Vivienda ha vuelto a llamar a todas las comunidades autónomas que se vean afectadas por el fenómeno de los pisos turísticos y a los ayuntamientos que lo sufran, a que "regulen si es necesario, a que limiten si es necesario y si es necesario, como ha hecho el alcalde de Barcelona, se prohíba, para garantizar el derecho de acceso a la vivienda".
Por su parte, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha afirmado que las medidas propuestas por el Ministerio de Vivienda han sido recibidas de "manera positiva", pero que no han presentado ninguna propuesta por escrito, por lo que han pedido al Ejecutivo un texto para que el Grupo de Trabajo pueda seguir avanzando y se ponga fin al uso fraudulento del alquiler de temporada.
En relación a los pisos turísticos, CCOO ha propuesto a la ministra de Vivienda que este tipo de alojamiento tiene que tener una licencia y registro, con el objetivo de que esté controlado y autorizado quién pone en marcha un alojamiento de estas características.
El sindicato también quiere que se prohíban los pisos de alquiler turístico en zonas tensionadas y que se establezca, como se hace en ciudades como Nueva York, la prohibición de que un piso entero esté dedicado a alojamiento turístico. "Otra cosa es que alguien pueda dedicar una habitación concreta a ello", ha añadido.
De igual manera, ha solicitado al Ministerio de Vivienda gravar con el tipo de IVA regular como actividad económica (21%) este tipo de actividad. Así, según Bravo, esto podría nutrir la tributación del Estado en 1.700 millones de euros anuales, que podrían dedicarse a la promoción de vivienda asequible y a vivienda de protección oficial.
"Esto significa poder construir cada año en un porcentaje muy elevado de viviendas y poder construir el parque de vivienda asequible y social que necesitamos en nuestro país", ha recalcado.
