El Gobierno de España, liderado por el Partido Socialista, ha defendido recientemente el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las medidas de reducción del IRPF para las rentas bajas y medias como logros en materia económica, comparándolas con las del Partido Popular en los años previos a su Gobierno.
Según el Ejecutivo, el incremento del SMI ha sido del 61% desde la llegada de Pedro Sánchez al poder, alcanzando los 16.576 euros brutos anuales en 2025. Además, argumenta que la mayoría de los trabajadores que perciben este salario seguirán sin sufrir retenciones en el IRPF, gracias a las reformas fiscales impulsadas en los últimos años. Sin embargo, este análisis ha generado críticas por parte de algunos sectores, especialmente el económico, que consideran que la presentación de estos datos es parcial y no contempla todos los efectos de estas medidas en la economía, especialmente en las pequeñas empresas.
Críticas a un análisis “simplista”
Uno de los principales cuestionamientos es la falta de consideración del impacto que el aumento del SMI tiene en los costes laborales de las pequeñas empresas. Si bien el incremento beneficia a los trabajadores en términos salariales, también supone una mayor carga económica para las empresas que dependen de mano de obra con salarios bajos.
Un análisis alternativo plantea un ejemplo concreto: en una empresa con tres empleados que perciben el SMI, el aumento del 61% en este salario supone un incremento proporcional en los costes de personal. Si la empresa no cuenta con la capacidad financiera para asumir este gasto adicional, podría verse obligada a reducir su plantilla o incluso a cerrar. Como consecuencia, los trabajadores afectados perderían sus empleos, lo que genera dudas sobre la efectividad real de la medida en términos de bienestar laboral.
La importancia de las pequeñas empresas en el tejido productivo
Otro punto destacado es la composición empresarial del país. En España, la gran mayoría de las empresas son pequeñas o medianas, y muchas de ellas operan con márgenes de beneficio reducidos. Desde esta perspectiva, se argumenta que una política que incremente los costes sin ofrecer incentivos o medidas de apoyo para las pymes podría ser contraproducente para la generación de empleo.
Se plantea, además, una visión alternativa sobre cómo mejorar las condiciones laborales sin comprometer la viabilidad de las empresas: en lugar de centrarse exclusivamente en el aumento del SMI, se podría fomentar la reducción de impuestos o cargas sociales para las pequeñas empresas, incentivando la contratación y promoviendo un crecimiento económico sostenible.
Un debate abierto
La discusión en torno al SMI y el IRPF pone de manifiesto las distintas visiones sobre cómo mejorar la situación económica de los trabajadores sin afectar la estabilidad de las empresas. Mientras el Gobierno defiende su modelo basado en la redistribución de la riqueza mediante impuestos y aumentos salariales, otros sectores insisten en que la clave del crecimiento económico y del empleo radica en apoyar la competitividad y la viabilidad de las empresas.
El impacto real de estas medidas dependerá de múltiples factores, como la capacidad de adaptación de las empresas, la evolución de la inflación y el comportamiento del mercado laboral en los próximos años. La clave estará en encontrar un equilibrio entre la mejora de los salarios y la sostenibilidad del empleo.
