El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se diseñó como una herramienta clave para reducir la pobreza extrema en España, proporcionando un colchón económico a quienes no alcanzan unos niveles mínimos de ingresos. Sin embargo, a pesar de su finalidad social, la gestión del IMV está generando importantes problemas derivados de errores en su concesión. Estos fallos están afectando gravemente a miles de familias, que cada año se ven obligadas a devolver total o parcialmente el dinero recibido por parte de la Seguridad Social.
Durante 2024, los efectos de estos errores han sido especialmente visibles: tras la revisión anual, alrededor de 126.000 hogares vieron reducida la cuantía de su IMV (un 32% del total de perceptores), mientras que unos 50.000 directamente fueron dados de baja (el 12%). Esta situación ha tenido un elevado coste para las familias afectadas, ya que se estima que han tenido que devolver en total más de 300 millones de euros: unos 160 millones por revisiones a la baja y otros 150 millones por anulaciones completas.
El principal problema radica en el método de revisión de los requisitos. Actualmente, la Seguridad Social lleva a cabo una evaluación anual de los datos fiscales de los beneficiarios, basada principalmente en la información facilitada por la Agencia Tributaria del año anterior. Esta fórmula, al no contar con datos actualizados en tiempo real, genera desfases importantes entre la situación económica actual del hogar y los ingresos que se tienen en cuenta para calcular la prestación. Como resultado, muchas familias perciben una ayuda que luego se considera indebida y que deben reembolsar.
Para entender la magnitud del problema, basta observar que las revisiones afectan, en total, al 68% de los hogares perceptores del IMV. En los casos más graves, como los de las 50.000 familias que causaron baja, la devolución media asciende a 2.600 euros, una carga económica difícil de afrontar para quienes ya viven en condiciones precarias. A quienes han sufrido una revisión a la baja, la Seguridad Social les descuenta unos 845 euros de media, distribuidos mes a mes en sus futuras nóminas.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido que no dispone de datos detallados sobre las devoluciones efectivas, ya que no tiene acceso directo a la ejecución ni a las peticiones individuales. Sin embargo, ha logrado realizar estimaciones mediante la comparación de las nóminas previas y posteriores a las revisiones anuales.
Para mitigar este problema, la AIReF ha propuesto la implementación de un sistema de verificación automática y más frecuente, utilizando datos administrativos mensuales o trimestrales, como las bases de cotización, que pueden conocerse con un retraso de solo dos meses. Esta medida permitiría ajustar de manera más precisa y oportuna las prestaciones, reduciendo los cobros indebidos y la posterior necesidad de reembolso.
El Ministerio de Seguridad Social ya ha anunciado avances en este sentido, con un nuevo sistema de doble revisión de ingresos que permitirá a las familias conocer en mayo si su IMV se mantendrá, aumentará o se reducirá, en función de sus ingresos del año anterior. Además, se mantendrá una segunda revisión en octubre, con datos consolidados. En caso de reducción de cuantía, se aplicará un sistema de compensación ajustado a la situación del hogar, y si se pierde el derecho por mejora de ingresos, se reducirá el importe a devolver.
No obstante, más allá de los errores en la concesión, el IMV también enfrenta retos estructurales. A pesar de los avances, en 2024 solo el 42% de los hogares que potencialmente podrían recibir la prestación están accediendo a ella, lo que implica que más de 550.000 hogares siguen excluidos del sistema. Según la AIReF, si todos los beneficiarios potenciales accedieran al IMV, el coste total se elevaría a unos 5.339 millones de euros, frente a los 2.840 millones ejecutados, es decir, se está utilizando apenas el 53% de su capacidad presupuestaria.
Además, existe un debate sobre los efectos del IMV sobre el empleo. La AIReF ha identificado que reduce la probabilidad de trabajar en un 12% y el número de días trabajados al mes en un 11%, con un impacto más negativo en hogares monoparentales, con rentas altas y menores de 30 años.
