El informe «Mercado inmobiliario en España 2025» de OBS Business School, perteneciente a la red Planeta Formación y Universidades, plantea una solución clara para atajar el problema de vivienda en España: es necesario poner en el mercado entre 1,6 y 2,3 millones de viviendas en los próximos 5 años. Carlos Balado, profesor y director de Eurocofín, lidera este estudio que también subraya la importancia de aliviar la carga burocrática y propone cambiar la Ley del Suelo para evitar que el desarrollo de las viviendas se prolongue hasta 20 años.
Un tema crítico es el suelo urbanizable. El estudio revela una escasez de suelo en grandes ciudades, aunque se identifican 255 millones de metros cuadrados de suelo edificable en España, suficiente para construir al menos 1,8 millones de viviendas en los próximos 30 años. Sin embargo, el precio del suelo, que ha aumentado un 7,9% de media en el último trimestre, se consolida como uno de los más altos de la década. El sector promotor requerirá unos 25.000 millones de euros anuales durante diez años para duplicar la producción de viviendas, señalando la necesidad de una mejor planificación urbanística.
Uno de los grandes retos es la burocracia, que puede retrasar proyectos entre 10 y 20 años debido a la inseguridad jurídica. Los plazos para conceder licencias alcanzan hasta los 2 años, implicando tres niveles administrativos: municipal, autonómico y estatal. Balado destaca la necesidad de un procedimiento administrativo que unifique a las administraciones implicadas.
La administración se ha convertido en un generador de riesgos más que en un regulador eficiente
En términos de fiscalidad, el informe revela que los impuestos en España pueden aumentar el precio final de una vivienda en un 45%. Se recomienda modificar la fiscalidad para hacerla más eficiente, eliminando redundancias. Además, se propone un ajuste por inflación en la tributación de las ganancias patrimoniales, gravando únicamente las ganancias reales y mejorando la equidad del sistema fiscal.
El análisis de la evolución inmobiliaria según las CCAA y provincias durante el primer trimestre del año concluye que, para 2030, la población en España podría llegar a 52 millones de habitantes, cuya demanda de vivienda deberá ser atendida con urgencia.
