El rechazo del Pleno del Congreso a la reforma de la Ley del Suelo ha generado un importante revuelo en el ámbito político y urbanístico de España. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha expresado su decepción por la decisión, señalando que hay partidos que consideran innecesario debatir sobre una reforma que, según argumenta, es solicitada por numerosos ayuntamientos del país.
La ley en cuestión es prácticamente la misma que el Gobierno presentó en mayo del año pasado, pero que fue retirada en última instancia debido a la falta de apoyos. La oposición de Sumar, ERC, Podemos y Junts, junto con la indecisión del PP respecto a su respaldo, llevaron a esta situación. Aunque el PSOE llegó a un acuerdo con el PNV para limitar el impacto de las denuncias en los proyectos urbanísticos, el texto ha sido criticado por diversas fuerzas políticas, que votaron en contra en una amplia mayoría.
El resultado fue claro: los votos de PSOE, PNV y Coalición Canaria no lograron superar la oposición de los demás partidos. Vox, por su parte, optó por la abstención. Desde el Ministerio, liderado por Isabel Rodríguez, se ha manifestado que esta decisión perjudica a los ayuntamientos y al urbanismo que necesitan las ciudades del siglo XXI.
«El problema del acceso a la vivienda, que afecta a miles de españoles, requiere responsabilidad por parte de todos. Y la responsabilidad en ningún caso se expresa mediante el bloqueo», han señalado fuentes del ministerio.
En vista de esta situación, el Ministerio se ha comprometido a seguir colaborando con los ayuntamientos y comunidades autónomas para alcanzar los objetivos que tenía la reforma, que incluyen la agilización de la construcción de vivienda asequible, el aumento de la seguridad jurídica para los actores involucrados y la adaptación del urbanismo a los estándares ambientales del siglo XXI, con el fin de evitar desastres como el de la Dana.
