La patronal estatal del ocio nocturno, Spain Nightlife, junto con la Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), han presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley que modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Este documento, actualmente en trámites de audiencia pública, propone restrictivas medidas sobre el consumo de tabaco en terrazas y espacios exteriores.
Ambas patronales han solicitado al Ministerio de Sanidad que se excluya la prohibición contenida en los apartados K, U y V del artículo 7 del anteproyecto. Consideran que la medida es desproporcionada y carece de un soporte científico sólido, lo cual generaría un impacto negativo en la economía del sector. Además, se pide eliminar el apartado K del artículo 2, que incluye productos sin tabaco ni nicotina, como las shishas, calificando esta inclusión como innecesaria, injustificada y jurídicamente desproporcionada.
Impacto económico y social
Por otro lado, la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon) se suma al análisis del anteproyecto y ha anunciado que también presentará alegaciones. Según Fecalon, la normativa acarrearía consecuencias sociales, económicas y de orden público difíciles de asumir. La federación opina que,
«no existen estudios concluyentes que acrediten que fumar en espacios abiertos afecte a terceros, especialmente en el caso de vapeadores o tabaco sin combustión»
. En Europa, solo Suecia aplica medidas similares, lo que colocaría a España en una situación de desventaja frente a otras naciones competidoras en el ámbito turístico.
Las patronales advierten que forzar a los fumadores a abandonar terrazas podría provocar aglomeraciones, aumentar las molestias vecinales y afectar el control de los locales. Según cifras de un sondeo semestral de Fecalon, más del 85% de los empresarios afirman que su situación económica ha empeorado en 2025, debido a la caída del consumo nacional e internacional, los crecientes costes fiscales y laborales, y la presión sancionadora.
Finalmente, se insta al Ministerio a abordar cualquier reforma mediante el diálogo con las asociaciones del sector, priorizando criterios de proporcionalidad y racionalidad jurídica.
