El Partido Popular (PP) ha atribuido a la Ley de Vivienda aprobada en 2023 la responsabilidad de haber eliminado más de 120.000 pisos del mercado de alquiler residencial, alegando que el aumento de la «inseguridad jurídica» ha llevado a muchos propietarios a vender o retirar sus inmuebles. En consecuencia, el PP tiene previsto solicitar al Congreso la derogación de dicha ley en la próxima semana.
En el Pleno de la Cámara Baja, el PP defenderá una moción a raíz de una interpelación urgente planteada a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Según el texto recogido por Europa Press, el PP argumenta que la ley, que fue pactada por PSOE, Podemos, ERC y Bildu, ha desencadenado una presión significativa sobre los pisos disponibles, especialmente en áreas humildes. El efecto ha sido la expulsión de las familias de clase media y trabajadora de los centros urbanos.
El resultado ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras, la clase media, está siendo expulsada de los centros urbanos
El caso de Cataluña
El PP presenta el caso de Cataluña como un ejemplo de las consecuencias adversas de la Ley de Vivienda. Cataluña fue la primera Comunidad Autónoma en implementar las restricciones de la Ley para controlar los precios del alquiler. Según cifras del portal inmobiliario Idealista citadas por el PP, los precios en Cataluña han aumentado un 8,7% durante el último año. Además, se informa que de cada tres viviendas retiradas del mercado del alquiler en España, una corresponde a Cataluña. En Barcelona, se ha observado un incremento notable en las solicitudes por cada piso, pasando de 77 a 341 tras la implementación de la norma. Ante estas observaciones, el PP solicita la derogación de una ley que califica de «intervencionista», acusándola de provocar inseguridad jurídica, aumento de precios y reducción de la oferta.
Además, el PP ha aprovechado esta iniciativa para criticar el creciente fenómeno de la ocupación ilegal. De acuerdo con datos del Instituto de Estudios Económicos compartidos por el partido, actualmente hay unas 100.000 viviendas ocupadas en España, y el 30% de estos casos no son denunciados debido a la lentitud de los procesos judiciales, que pueden durar hasta 18 meses. El PP propone expulsar a los ocupantes ilegales en un plazo máximo de 48 horas.
También se incluyen en su moción medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes y la creación de la figura del «Proyecto Residencial Estratégico». Este último busca unificar los trámites de planeamiento, gestión y ejecución, reduciendo los plazos de construcción de diez a cuatro años y destinando el 50% de las nuevas viviendas construidas bajo este marco a vivienda asequible.
