El Partido Popular (PP) ha registrado una proposición de ley en el Congreso para que el Gobierno tenga la obligación de someter a las Cortes Generales cualquier crédito extraordinario o suplementario relacionado con defensa y seguridad. Esta iniciativa se inserta en un contexto donde el Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, ha decidido incrementar el gasto militar sin la ratificación del Congreso, sumando 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en defensa.
Para el PP, es crucial que cualquier nuevo gasto militar pase por la aprobación parlamentaria. Por ello, propone una reforma del artículo 55 de la Ley General Presupuestaria. Esta modificación busca establecer que los créditos en defensa tengan que ser aprobados por las Cortes, subrayando que la administración actual opera bajo una «minoría parlamentaria» mientras intenta duplicar su gasto en defensa.
Asimismo, el PP critica la transferencia de créditos entre secciones presupuestarias de distintos ministerios. Actualmente, el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos de 2023 permite estas transferencias, consideradas necesarias durante la pandemia. Sin embargo, ahora el PP considera que dicha facultad se ha convertido en «una puerta trasera para escapar al control presupuestario».
Propuesta de derogación
El PP ha propuesto la derogación del mencionado artículo 9.1, alegando que «quedan expresamente prohibidas las transferencias de crédito entre secciones». Según Alberto Nadal, vicesecretario de Economía del partido, esta práctica es contraria a la transparencia financiera. En palabras de Nadal, utilizar créditos asignados al Ministerio de Sanidad para reforzar el Ministerio de Defensa es un uso indebido de los recursos aprobados inicialmente por el Parlamento.
El PP sostiene que es «más necesario que nunca» exigir al Ejecutivo la presentación de un proyecto de ley para aprobar créditos extraordinarios en defensa
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El escenario actual, según el PP, requiere una mayor vigilancia presupuestaria y un refuerzo en los procedimientos parlamentarios, para asegurar que cada euro destinado a defensa y seguridad esté debidamente justificado y supervisado por las instituciones democráticas correspondientes.
