La brecha entre el salario mínimo interprofesional (SMI) y el sueldo más habitual en España ha experimentado una notable reducción entre 2018 y 2023, según el informe del Instituto Juan de Mariana (IJM). Esta diferencia ha disminuido del 40% al 3% en este período, debido a la pérdida de poder adquisitivo de la clase media.
Hasta 2018, el diferencial superaba los 8.000 euros, cifra que se ha reducido a poco más de 400 euros. Este cambio se atribuye a las políticas salariales del actual Gobierno que elevaron el SMI de aproximadamente 10.000 euros a casi 13.370 euros, un incremento del 26%. Mientras el SMI subía, el salario más común sufría una caída de casi 18.000 euros a 13.800 euros en 2023.
Lo que ha ocurrido es que los salarios del tramo central de la distribución han perdido poder adquisitivo, a base de quedar esencialmente estancados en un contexto de baja productividad, inflación elevada y escaso dinamismo económico
Esta situación ha generado presión en sectores intensivos en mano de obra como hostelería, comercio, limpieza, o servicios auxiliares, especialmente en zonas con niveles de renta más bajos.
Impactos territoriales y laborales
Por territorios, el SMI supera el 60% del sueldo medio en 42 de las 50 provincias españolas. En provincias como Ávila, Zamora y Badajoz, supera incluso el 75%. A nivel autonómico, Extremadura se destaca, donde el SMI representa el 72,8% del sueldo medio autonómico.
El aumento del SMI no ha estado exento de consecuencias en el empleo. Según el Instituto Juan de Mariana, desde 2019 se han destruido hasta 210.000 empleos, cifra que podría ascender a 270.000 en 2024. Además, se acusa al Gobierno de realizar «maquillaje estadístico» sobre la caída del paro.
Las subidas del SMI actúan como «techo empobrecedor» para el grueso del mercado laboral
El IJM sostiene que, en lugar de mejorar las condiciones salariales generales, estas políticas han producido un «achatamiento de la estructura salarial», eliminando incentivos para la mejora profesional y fomentando la economía informal. Se sugiere que la alternativa debe pasar por un modelo que premie la productividad para facilitar un contexto de actividad y rentas crecientes.
