El Senado de España ha aprobado este martes la proposición de ley del Partido Popular (PP) para reformar la Ley del Suelo. La norma ahora será remitida al Congreso de los Diputados, donde los populares temen que su tramitación se vea bloqueada. La aprobación se produjo sin sorpresas, dado que el PP cuenta con la mayoría en la Cámara Alta, logrando 143 votos a favor, 105 en contra y 7 abstenciones.
El senador del PP, José Ramón Díez de Revenga, advirtió sobre un posible bloqueo en la Cámara Baja
La propuesta, registrada en enero, introduce el concepto de silencio positivo a partir de los tres meses para evitar que la falta de informes sectoriales o licencias paralice los procesos urbanísticos. Además, la reforma estipula que la nulidad de un instrumento territorial no afectará automáticamente a los actos de desarrollo relacionados, permitiendo su subsanación.
Entre otras disposiciones, la iniciativa del PP también contempla la derogación de los elementos más controvertidos de la Ley de Vivienda, como las zonas tensionadas y los índices de precios de referencia para los alquileres. Asimismo, se facilitará a las personas jurídicas acudir a los tribunales en casos de ocupación de vivienda y se reducirá el plazo de suspensión de desahucios, que pasará de dos meses a uno para personas físicas, y de cuatro a tres para jurídicas.
En términos de vulnerabilidad, se rebaja el umbral de ingresos familiares que se considera como base para definir un hogar vulnerable de 1,800 a 900 euros mensuales, lo que ha suscitado críticas desde el PSOE. Esta proposición incluye la modificación de cuatro normativas vigentes y ha sido elaborada con la colaboración de alrededor de 40 asociaciones del sector, según ha defendido el PP, argumentando que es una norma “reformista y ambiciosa” para enfrentar los retos de la vivienda en el país.
El PP reclama “menos propaganda y más viviendas” para atender las necesidades actuales
Por otro lado, el PSOE ha criticado la reforma, acusando al PP de dejar «la puerta abierta» a la corrupción urbanística al implementar el silencio administrativo positivo y de mostrar «aporofobia» al reducir el umbral de vulnerabilidad a 900 euros, argumentando que esta medida favorece a los fondos de inversión y grandes tenedores en lugar de proteger a la mayoría de la población.