El Tesoro Público cerrará este martes las subastas del mes de abril con la emisión de letras a tres y nueve meses, con la expectativa de captar entre 2.000 millones y 3.000 millones de euros. Esta iniciativa se alinea con los objetivos del organismo bajo el Ministerio de Economía. La subasta se realizará en un contexto marcado por la reciente decisión del Banco Central Europeo (BCE) de reducir nuevamente los tipos de interés en 25 puntos básicos, estableciendo la tasa de facilidad de depósito en 2,25%, la de operaciones principales de refinanciación en 2,40% y la facilidad de préstamo en 2,65%.
En sintonía con esta reducción de tipos, el Tesoro ha ajustado gradualmente la rentabilidad de sus emisiones, especialmente en el segmento de letras, aunque el interés de los inversores por estos productos permanece. En la última emisión, se colocaron 2.386 millones de euros en letras, ofreciendo una rentabilidad ligeramente inferior en las letras a tres meses, que alcanzó 2,379%, el porcentaje más bajo desde enero de 2023, mientras que la rentabilidad de las letras a nueve meses aumentó hasta 2,281%.
La previsión es mantener una vida media de la deuda en circulación en el entorno de los 8 años
Para el ejercicio 2025, el Tesoro Público proyecta necesidades de financiación nuevas cercanas a 60.000 millones de euros, lo que implica un aumento de 5.000 millones con respecto a 2024. Este incremento responde a la necesidad de atender la reconstrucción y el relanzamiento de las áreas afectadas por la catástrofe de la DANA y las recientes medidas antiarancelarias. En total, las emisiones alcanzarán los 278.000 millones de euros, un incremento del 7,4% en comparación con el cierre de 2024, resultado de mayores amortizaciones y ligeros aumentos en emisiones netas.
Se busca continuar diversificando la base inversora y se mantendrá un enfoque en la emisión de bonos verdes, contribuyendo así al mercado de finanzas sostenibles en España. El Tesoro tiene previsto realizar 48 subastas ordinarias de letras y bonos, y también se recurrirán a sindicaciones para ciertos tipos de obligaciones del Estado en 2025. Esta estrategia apunta a solidificar el compromiso con proyectos de transición ecológica en el país.
