El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha reafirmado su postura respecto a las acciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra la plataforma Airbnb. En un auto reciente, el tribunal ha respaldado por segunda vez las resoluciones que instaron a esta empresa a eliminar aproximadamente 35.000 anuncios de pisos turísticos por carecer de la debida información legal.
El Ministerio, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, había dictado medidas cautelares para el retiro de 34.728 anuncios, que fueron impugnadas por Airbnb. Sin embargo, el TSJM ha denegado el recurso de la multinacional, reafirmando su apoyo a las acciones ministeriales, lo cual ya ocurrió previamente en mayo con otro recurso de la compañía.
Estas medidas forman parte de una serie de tres resoluciones que sumaban 65.000 anuncios a eliminar. De estos, la primera resolución de 5.800 anuncios ya recibió el aval judicial. Tras el fallo judicial inicial, Airbnb procedió a retirar los anuncios en julio del mismo año, dejando únicamente una resolución sin ser recurrida.
La Dirección General de Consumo destacó tres infracciones claves en los anuncios que Airbnb publicó en su plataforma. En primer lugar, la omisión del número de licencia o registro, una exigencia presente en varias normativas autonómicas. Además, varios anuncios contenían números de licencia falsos que no coincidían con los expedidos por autoridades competentes, lo que podría llevar a confundir o engañar a los consumidores.
Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares
Aparte de los números de licencia, otra omisión importante es la de la naturaleza jurídica del arrendador. No se especificaba si eran profesionales o particulares, lo que es vital para determinar los derechos del consumidor. Ante este escenario de irregularidades, Consumo también ha abierto un expediente sancionador en diciembre de 2024 y mantiene procesos en curso contra gestores de pisos turísticos por prácticas potencialmente engañosas, así como contra agencias inmobiliarias por posibles abusos.
El ministro Bustinduy ha subrayado en varias ocasiones su compromiso con frenar la crisis de la vivienda en España, apuntando que «ninguna empresa, por grande que sea, puede estar por encima de la ley». Con estas medidas, busca contrarrestar los modelos de negocio que considera perjudiciales para el acceso justo a la vivienda.
