En un contexto marcado por la crisis de vivienda y el controversial panorama político, Esquerra Republicana (ERC) defenderá este martes en el Pleno del Congreso una propuesta de ley que busca imponer un impuesto a propietarios de tres o más viviendas. Este movimiento pone a prueba al PSOE, dado el actual escenario de tensiones en materia de vivienda y la reciente ruptura con Junts.
La iniciativa de ERC propone un nuevo gravamen sobre la posesión de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia. Este impuesto progresivo comenzaría con un 4% sobre la tercera vivienda, aumentando al 8% en la cuarta y al 12% en la quinta. Para propiedades adicionales, se añadiría un 5% al 12% ya establecido, con el objetivo de desincentivar la acumulación de inmuebles en manos de grandes tenedores.
ERC busca que este impuesto complemente al IVA, en un esfuerzo por «penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar la movilización hacia la tenencia en propiedad de la misma residencia y hacia el alquiler por vivienda habitual y social».
La formación independentista también propone eliminar los beneficios fiscales que disfrutan actualmente las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi)
Las Socimi, según ERC, operan bajo un régimen fiscal que prácticamente las exime de impuestos, por lo que su reforma busca detener su efecto como catalizadores de la financiación en el sector.
La propuesta coincide con el impulso de una normativa sobre alquileres de temporada y de habitaciones, iniciativa de Sumar y sus aliados de izquierda, incluido ERC, que se examinará en la Comisión de Vivienda.
En términos de gravámenes, ERC también propone un IVA del 21% para viviendas de uso turístico, alineándose con intenciones similares del PSOE en el Congreso. Esta medida pretende ajustar el impuesto a estos alojamientos, acorde al valor de los servicios que ofrecen.
Adicionalmente, la reforma busca, a través de un incremento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para viviendas de grandes tenedores no utilizadas como residencia habitual, facultar a los ayuntamientos para penalizar prácticas como el alquiler turístico, promoviendo así un uso «residencial, estable y sostenible».
Etna Estrems, portavoz de Vivienda de ERC en el Congreso, defiende estas medidas ante la tendencia de los «sucesivos gobiernos españoles» de priorizar el mercado privado y un régimen fiscal favorable a grandes tenedores y usos turísticos. Para Estrems,
la vivienda no puede continuar siendo tratada como una mercancía o un activo financiero: es un derecho que hay que garantizar
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